Biel Barceló, durante su intervención en el pleno extraordinario del Parlament. | M. À. Cañellas

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El vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, ha defendido este martes que la modificación de la ley de turismo de Baleares «fija por primera vez un límite máximo de plazas» y «regulará el alquiler turístico en beneficio del bien común».

Barceló ha realizado esta defensa de la ley durante su intervención en el debate en el pleno extraordinario del Parlament de la modificación de la ley de turismo sobre comercialización de estancias turísticas en viviendas.

Ha destacado que la ley tiene dos objetivos principales, que son «establecer un techo real de plazas turísticas, y «poner orden en el denominado alquiler turístico».

Barceló ha justificado la necesidad de esta ley en que la anterior, aprobada por el PP, directamente prohibía el alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares y no tenía en cuenta la problemática actual.

Ha detallado que el límite de plazas, que serán las que existen actualmente, ya que para dar de alta una nueva se deberá dar otra de baja, lo que nunca antes había ocurrido, ya que desde 1999 se incorporó el intercambio de plazas con numerosas excepciones, que permitía nuevas sin una baja previa.

«Eso acaba hoy», ha dicho Barceló, que ha recordado que hasta ahora incluso existía una fórmula «privada» que permitía que por cada una de baja se podían dar dos nuevas de alta, lo que ahora queda eliminado.

La ley introduce medidas de decrecimiento turístico, ya que las plazas dadas de alta desde la ley de 1999 si se dan de baja no podrán dar de alta nuevas.

Con ello, se calcula que en Mallorca una 100.00 plazas si se dan de baja desaparecerán.

Además, ha indicado que pone orden en el alquiler turístico, ya que una vez en vigor la ley se producirá la moratoria de facto de nuevas autorizaciones de comercialización de estancias turísticas en viviendas, que durará como máximo 12 meses.

Este es el tiempo que tendrán los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma para zonificar las áreas aptas para el alquiler turístico, que podrá realizarse una vez establecidas.

La ley habilita herramientas para que las administraciones competentes en ordenación turística actúen contra la oferta turística ilegal, que hasta ahora no existían.

Por eso, se define lo que es un canal de comercialización turística y se endurece la normativa contra la actividad clandestina, la oferta ilegal, el intrusismo y la competencia desleal.

Además, se considerará cualquier estancia inferior a un mes como turística, las comunidades de propietarios deberán autorizar el alquiler turístico en las propiedades horizontales y se introducen obligaciones para comercializadoras y plataformas.

En el caso de que propietarios y comercializadoras no hayan presentado la autorización las sanciones serán de entre 20.001 y 40.000 euros, y si se detecta comercialización de oferta ilegal, será hasta los 400.000 euros.

El conseller ha detallado las enmiendas que se han logrado incorporar a la ley: el alquiler turístico en la vivienda habitual, que no podrá superar los 60 días, y un máximo de 3 viviendas para destinarlas a este fin de un mismo propietario.

«Así ponemos fin a los grandes tenedores y a la economía especulativa», ha reivindicado Barceló durante el debate de la ley que se prevé aprobar a lo largo de la mañana.

Con esta ley se quiere contribuir a que la actividad turística «no provoque desigualdades ni distorsione en derechos sociales» y que los beneficios que deja el turismo «se redistribuyan el máximo posible entre toda la sociedad».

Además, avanzar hacia «un modelo turístico responsable, sostenible y equilibrado, que no se base en la especulación, que no genere más presión en el territorio limitado y que se pueda mantener en el tiempo».

Finalmente, hacer valer las competencias autonómicas en materia de turismo, a pesar de los intentos del Estado por recortar «la soberanía» autonómica, ha señalado el vicepresidente.