La ley «fija por primera vez un límite máximo de plazas» y establece una moratoria de un año en las autorizaciones de alquiler turístico hasta que los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma establezcan las zonas en las que se puede llevar a cabo, incluidas las que afectan a la residencia habitual.
El vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, ha defendido hoy en un pleno extraordinario esta ley que ha generado debate y polémica entre los grupos políticos y la sociedad balear en general.
Entre los más críticos, Podemos, que ha reclamado la introducción del concepto de «emergencia habitacional» en el centro de Palma e Ibiza, y que el Govern ha considerado innecesario ya que se realizará una zonificación de alquiler turístico.
Ante ello, la formación morada ha votado -junto al PP y Ciudadanos- en contra de la regulación del alquiler vacacional en plurifamiliares, motivo principal de la modificación de la ley turística de 2012, con excepción de la que permite el arriendo turístico en la vivienda habitual por un máximo de 60 días.
PP, PI y Ciudadanos han mantenido su oposición a la mayoría del articulado y el objeto de la ley, ya que consideran que no soluciona la problemática del alquiler vacacional al volverlo demasiado restrictivo.
Por su parte el PSIB, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han defendido la ley porque regula una actividad que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y que la normativa anterior discriminaba al ignorarla.
Tras la votación, Barceló ha aclarado que con el voto en contra de Podemos queda autorizado el alquiler vacacional en unifamiliares, adosados, entre medianeras, como permitía hasta ahora la ley aprobada por el PP.
Y solo se autoriza si se trata de la vivienda habitual en el caso de los plurifamiliares, aunque en el resto «tampoco está prohibido», ha señalado el conseller, que ha aludido a un desarrollo reglamentario posterior para su regulación.
Por su parte, la portavoz de Podemos en el Parlament, Laura Camargo, ha destacado que no se permita el alquiler turístico en plurifamiliares en defensa del derecho a la vivienda.
Durante el debate, el vicepresidente ha destacado que la ley tiene dos objetivos principales, que son «establecer un techo real de plazas turísticas, y «poner orden en el denominado alquiler turístico».
Ha detallado que el límite de plazas, que serán las que existen actualmente, vendrá dado por la obligación novedosa de dar de baja una para habilitar una nueva, ya que desde 1999 se incorporó el intercambio de plazas con excepciones, que permitía nuevas sin bajas previas.
«Eso acaba hoy», ha dicho Barceló, al recordar que hasta ahora incluso existía una fórmula «privada» que permitía que por cada plaza suprimida se podían dar dos nuevas de alta, lo que ahora queda eliminado.
La ley introduce medidas de decrecimiento turístico, ya que las plazas nuevas desde la ley de 1999, al darse de baja, no podrán se sustituidas por otras. Con ello, se calcula que en Mallorca desaparecerán unas 100.000, si se da el caso.
La normativa producirá la moratoria de facto de nuevas autorizaciones de comercialización de estancias turísticas en viviendas, que durará como máximo 12 meses.
Este es el tiempo que tendrán los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma para zonificar las áreas aptas para el alquiler turístico.
La ley habilita herramientas para que las administraciones competentes en ordenación turística actúen contra la oferta ilegal, que hasta ahora no existían.
En este sentido, queda definido lo que es un canal de comercialización turística y se endurece la normativa contra la actividad clandestina, la oferta ilegal, el intrusismo y la competencia desleal.
Además, se considerará cualquier estancia inferior a un mes como turística, las comunidades de propietarios deberán autorizar el alquiler turístico en propiedades horizontales, y se introducen obligaciones para comercializadoras y plataformas.
En el caso de que propietarios y comercializadoras no hayan presentado su declaración responsable de actividad turística las sanciones serán de entre 20.001 y 40.000 euros.
Las plataformas comercializadoras estarán obligadas a indicar el número de registro del establecimiento, y si no lo hacen, se considerará como oferta ilegal, por lo que podrán ser multadas desde los 40.000 hasta los 400.000 euros.
El conseller ha detallado las enmiendas que se han logrado incorporar a la ley, presentadas por diversas administraciones y entidades, entre ellas, del Ayuntamiento de Palma.
Éstas incluyen una modalidad que permite alquilar la vivienda habitual por un máximo de 60 días, y que un mismo propietario podrá arrendar un máximo de tres casas.
«Así ponemos fin a los grandes tenedores y a la economía especulativa», ha reivindicado Barceló para quien con la ley se quiere que los beneficios que deja el turismo «se redistribuyan el máximo posible entre toda la sociedad».
Durante el debate, el diputado de Podemos Salvador Aguilera ha reclamado la necesidad urgente de poner un límite de plazas, ya que las islas se están convirtiendo «en un gran hotel», mientras «no hay lugar para la gente de aquí» en lo que ya es un «turismo insostenible».
Por ello ha insistido en el concepto de emergencia habitacional y ha criticado que la ley permite comercializar estancias turísticas en suelo rústico.
El diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha defendido que la emergencia habitacional la deben definir los consells insulars, en respuesta a Podemos al que ha acusado de presentar «enmiendas inaplicables» en lo que ha definido como «populismo».
La diputada del PSIB Bel Oliver ha criticado que Podemos no haya definido el concepto de emergencia habitacional que reclama, y ha defendido que su partido es «muy consciente de que hay un problema muy grave de vivienda» al que se quiere poner soluciones, para lo que se requiere de transversalidad de diversas conselleries.
El diputado de MÉS per Menorca Antoni Reus ha insistido en que la ley es clara en el límite de plazas, ya que existe el intercambio.
La diputada Antonia Perelló, del PP, ha discrepado en que la ley sea la única y la mejor regulación que merece el alquiler turístico, y ha criticado que no queda claro un techo máximo de plazas, por lo que, en su opinión, serán «las economías domésticas las que padecerán las consecuencias de la ley».
Para Olga Ballester, de Ciudadanos, esta ley tenía que haber sido «más sencilla, basada en la calidad y la convivencia», ya que será «una tragedia para los ciudadanos de Baleares», que se llevarán de «regalo» una moratoria de un año, hasta que se haga la zonificación, y sanciones de hasta 40.00 euros.
El diputado del PI Josep Meliá ha defendido que el alquiler vacacional debe tener una regulación «realista y posible», que la zonificación la realicen los ayuntamientos, y ha criticado que «el efecto inmediato de la ley es «pura prohibición».
Previo al debate, la asociación Aptur ha entregado a Barceló un manifiesto, firmado por 21 entidades, que defiende el alquiler turístico, vivienda vacacional y arrendamiento de temporada como una «ayuda al desarrollo local de zonas y de pueblos» que, con la oferta de alojamiento tradicional, «nunca habrían tenido la oportunidad de participar de los ingresos generados por el turismo».
109 comentarios
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Pero si es todo una especulacion basura inmobiliaria En costa levantina hay mas turismo y no hacen tanto cuento de precios absurdos impagables ni ecotasas ridiculas,, aqui todos aprovechan la hipocresia unos para forrarse y otros para ganar de los que se forran
¿El conseller de turismo Biel Barceló tiene algo que ver con la cadena hotelera Barceló?
Bueno , y al final qué? Se puede o no se puede alquilar.Vaya inseguridad jurídica.Qué asco.
Si no puedo alquilar a turistas mi piso en Palma, antes lo venderé a un Sueco o Aleman. Pero jamas lo alquilare a bajo coste a gente que no te paga el alquiler, te lo okupa y destroza. El turista, paga viene y se va. Que se vayan a vivir del cuento a otro sitio. Prefiero Suecos, alemanes, britanicos, como vecinos.
El responsable de una ley tan mala es el desbarajuste de podemos. Laura Camargo y su corte de anticapitalistas de ideologia Troskista. Se han hecho con el partido, echaron a Jarabo de mala manera y lo controla todo desde la minoría, nadie les hace frente. Estan radicalmente de todo lo que sea negocio, para ellos un trabajador que tenga un piso para alquilar se convierte en especulador. Su objetivo final es la expropiación de pisos a particulares, lo dicen en privado. Jarabo es persona conciliadora y negociadora, Podemos no es lo que estamos viendo, este el troskismo anticapitalista de Laura Camargo que ha secuestrado el partido. Si gana Camargo las primarias de podemos, todo ira a mucho peor.
Triste es que algunos justifiquen la ilegalidad de alquilar un piso no registrado, sin pagar impuestos (que en definitiva es robarnos a todos) porque da trabajo a alguien... parece el amor de algunos colombianos a Pablo Escobar... Tanto como denunciaría cualquier robo, denunciaré a "empresarios" de alquiler vacacional ilegal...
Es verdad, los alquileres en Mallorca son más caros que en la península, pero también hay más trabajo y se vive mejor. Mi marido y yo nos vinimos a trabajar desde Extremadura y gracias al alquiler en plurifamiliares tenemos trabajo, yo de limpiadora en y mi marido de arregla chapuzas en una empresa dedicada al mantenimiento de apartamentos y chalets. En los hoteles no hay trabajo para españoles, sólo quieren extranjeros para explotarlos. Y después de esta Ley que vamos a hacer? Nos quedaremos sin trabajo y como nosotros en muchos sectores, electricistas, fontaneros, tiendas de electrodomésticos... ,
Ahora el que tiene una segunda residencia se cree empresario turistico.. Lo será cuando tenga su licencia, pague sus impuestos y tribute como autonomo o empresa..ademas de cumplir con toda la normativa y hacer las reformas necesarias para adaptar su alojamierda. No me dan ninguna pena aquellos que dicen..uso mi segunda residencia para sacar unos ingresos extra y poder comer.. Sí tienes al menos dos pisos pero no tienes para comer claro... entonces los que están de alquiler que no tienen ni primera residencia y están paganfo 700 - 800 euros? Por mi parte denunciaré todo piso del que tenga conocimiento que esté alquilado para que se compruebe si cumple con la normativa..y promoveré que todo el mundo lo haga.
Mucha hipocresía, gente quejándose de los políticos corruptos pero evadiendo impuestos en el mercado sumergido de los alquileres vacacionales.... Como inquilino ahora comienza la tarea de denunciar cada piso de alquiler vacacional que vea a la agencia tributaria (se puede denunciar de manera anónima desde la web). Todo sea por evitar que en cualquier momento pase de ser inquilino a tener que elegir entre los pocos pisos que quedan a €1000.
Els inspectors ja podeu anar a la Coloni de San Jordi a fer caixa, i despres a la Coloni de San Pere i a Son Serra Marina, el mallorquins ja no podem ni anar a passar una setmana a la plaja. Quina curto!!! BARCELO DIMISSIO.