En el documento, se explica que esto tiene que dar respuesta a una realidad «muy preocupante», como son las fugas consecuencia de las dificultades de integrar determinados adolescentes a una dinámica educativa y convivencial que les ayude a avanzar en su proyecto vital.
Sobre este mismo asunto, proponen la calificación como «alto riesgo» de cualquier desaparición de un menor de edad, a pesar sea de manera voluntaria, como son las fugas de los centros de protección, de acogidaresidencial o socioeducativos.
Además, consideran que se debería dar una actualización del reglamento de centros de acogida residencial a partir de la nueva normativa estatal del sistema de protección de la infancia y la adolescencia y que debería potenciarse la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (UVASI).
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