Biel Barceló en el Parlament. | Teresa Ayuga

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El Parlament ha rechazado este martes reprobar al vicepresidente del Govern, Biel Barceló, como proponía el PP, por su responsabilidad en el caso de la supuesta trama de contratos menores adjudicados al exjefe de campaña de MÉS Jaume Garau por parte de la Administración, con la abstención de Podemos.

La propuesta ha sido rechazada con 24 votos (PSIB y MÉS) en contra, 22 a favor (PP y Ciudadanos) y la abstención de 11 votos (Podemos y el PI).

La iniciativa del PP ha tenido su contraparte en una enmienda a la totalidad presentada por Podemos, que apoyaba la sanción ética a Barceló si se reprobaba también al líder del PP balear, Biel Company, por no haber ordenado la devolución de los dineros públicos «robados» a la ciudadanía balear.

El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha defendido en el pleno del Parlament la proposición no de ley de reprobación a Barceló, ya que considera que la cámara balear debe pronunciarse ante estos «gravísimos hechos», en vista de que aún no se han aclarado la mayor parte de las dudas sobre el caso contratos.

Sin embargo, el debate lo han centrado las acusaciones mutuas entre PP y Podemos.

La portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Laura Camargo, ha criticado que el PP venga a dar «lecciones de regeneración democrática y ética» cuando tiene más de 60 casos de corrupción en los juzgados, algunos con sentencias en firme, por lo que ha pedido que primero haga «limpieza» interna antes de pedir responsabilidades a otros.

«Qué falta de vergüenza tienen ustedes», ha dicho a la bancada del PP la diputada podemita, quien ha recordado que su partido ya pidió en su momento la dimisión y el cese de Barceló porque la «falta de ética», cuando se trata de dinero público, no puede dejar «indiferente» a nadie.

Ante ello la portavoz parlamentaria del PP, Marga Prohens, ha pedido la palabra y ha respondido que su partido cumple con las sentencias judiciales.

«Yo, lecciones de ética de usted no acepto», ha respondido a Camargo la diputada del PP, que ha enumerado una serie de militantes de Podemos condenados por distintas razones, como Rita Mestre (Ayuntamiento de Madrid), Juan Carlos Monedero, o Aligi Molina (concejal de Palma) y ha aludido a Alberto Jarabo, «conocido defraudador de Hacienda», por el realquiler de una vivienda.

Ha expresado su rechazo a la iniciativa del PP la diputada del PSIB Bel Oliver, que ha defendido que Barceló y el Govern dieron las explicaciones necesarias en su momento y ha recordado que la reprobación no tiene efecto jurídico ni práctico.

Para el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Marti, la propuesta del PP ha sido «más propia de un Hola, Sálvame, de revistas de peluquería» en un «delirio permanente» que cuestiona la figura de los contratos menores, necesaria para la Administración.

El diputado de MÉS per Mallorca David Abril ha apuntado que la iniciativa del PP está «tergiversada», cargada de «mentiras, difamaciones y demagogia» y llena de «supuestos y presuntos», mientras ha defendido que su partido ya asumió las responsabilidad por el caso contratos.

Como anécdota, ha ofrecido un jabón marca Lagarto, «del bueno, de toda la vida», al PP «para que se laven la boca ates de hablar de lecciones de ética». «Si les queda un poco de dignidad hagan como su líder (Biel Company), callen», ha dicho Abril.

El jabón lo ha quitado del atril el diputado del PI Josep Melià, que le ha pedido al presidente del Parlament, Baltasar Picornell, que decida qué hacer con ello, a la vez que ha calificado el debate de «patético», y ha explicado su abstención en a su grupo no le gusta «la política del ventilador, del tú más», que no aporta nada a los problemas de la ciudadanía balear.

Ciudadanos ha apoyado la iniciativa del PP ya que, según ha explicado la diputada Olga Ballester, en un año se adjudicaron más de 150.000 euros en contratos a Garau, en lo que supone «una falta de ética» del Govern y «un nuevo varapalo» a la recuperación de la confianza en la clase política.

Por parte del Grupo Mixto, la diputada Montse Seijas ha criticado que esta legislatura debía marcar la diferencia en temas de transparencia, mientras la iniciativa debatida supone «un ejercicio indispensable de higiene democrática».