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Meliá Hotels International ha defendido en un comunicado la «libertad de expresión» del presidente no ejecutivo de la compañía, Gabriel Escarrer, con respecto a sus declaraciones sobre el Impuesto Turístico Sostenible realizadas en la inauguración del Palacio de Congresos de Palma.

«Las manifestaciones fueron realizadas desde el más puro ejercicio de la libre expresión de quien, por su dilatada experiencia, es gran conocedor de la política turística», han expuesto en la nota.

En este sentido, han asegurado que dichas declaraciones fueron realizadas «con absoluta corrección desde su condición de empresario y personalidad reconocida internacionalmente en materia turística» y han defendido que su intervención se efectuó «con idéntica libertad y moderación a la empleada por los restantes intervinientes».

Por todo ello, el Grupo ha mostrado su «profundo respeto» por la libertad de expresión y ha rechazado «cualquier presión o amenaza» que contra esa misma libertad se formule desde cualquier ámbito; «más aún cuando se trata de manifestaciones de la sociedad civil frente a las políticas públicas».

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Asimismo, la empresa ha expresado su «máximo respeto» al 'sketch' protagonizado por el artista cómico mallorquín, Agustín el Casta, que actuó durante la ceremonia, «cuyo estilo, libertad de expresión, y sensibilidad, son conocidos y apreciados por los ciudadanos de las Islas».

Compromiso con la propiedad

Meliá ha insistido en el comunicado en mostrar su «pleno compromiso» con la propiedad del Palacio de Congresos y con la sociedad de Baleares que, «indudablemente, ya comienza a percibir los beneficios que una infraestructura como esta, gestionada con rigor y competencia profesional, puede ofrecer a la comunidad».

En mención al discurso realizado por Escarrer, la empresa internacional ha expuesto que se destacaron los méritos del Govern y Cort como promotores y titulares de la infraestructura y se puso de relevancia los esfuerzos realizados por dichas administraciones para su terminación y puesta en marcha.

«Meliá, como arrendatario del Palacio y el hotel en virtud del contrato adjudicado en concurso público a finales del 2016, está vinculado a la propiedad del Palacio por un contrato de alquiler a 15 años, durante los cuales se ha comprometido a proporcionar a sus propietarios la rentabilidad pactada, y una serie de beneficios a la ciudad de Palma, que espera satisfacer con creces», han manifestado.