Según ha informado en un comunicado la institución insular, después del periodo de exposición pública y la aceptación de una serie de a alegaciones la ley está lista para su aprobación y remisión a Mesa del Parlament.
Concretamente, se han aceptado siete alegaciones en su totalidad y diez de manera parcial. Asimismo, se adjuntará a la documentación la petición del Consell de Menorca en la que se pide que la ley sea de ámbito autonómico, para que la Cámara balear lo considere.
Entre otras, se ha aceptado parcialmente la alegación presentada por UCabal referida a la franja de protección y al cierre lateral del camino, para tener en cuenta cuando sean explotaciones agrarias o, a propuesta de Asaja, que los catálogos sean elementos de propuesta del carácter público del camino.
Con esta ley se da respuesta a la necesidad de establecer un régimen jurídico de los caminos públicos para poder recuperarlos y promover su uso y defensa. Además, proporciona un marco legal para rutas de interés excursionista existentes y abre la posibilidad de poder crear de nuevas.
La ley define los caminos públicos como la infraestructura viaria que permite la circulación de los ciudadanos. Con esta normativa, no solo las instituciones podrán reclamar un camino como público, sino que también lo podrá hacer cualquier ciudadano. Además, dota de legitimidad a la administración para que pueda abrir de manera inmediata un camino usurpado.
Por otro lado, contempla la elaboración de diferentes catálogos de caminos que darán información y ofrecerán un control de los caminos públicos. Por su parte, los ayuntamientos tendrán que elaborar sus catálogos donde se incluirán los caminos de titularidad municipal.
También se pondrá en marcha un registro insular de caminos públicos de Mallorca que estará disponible para consultas y será accesible telemáticamente a través de un visor que será actualizado de manera continúa.
La normativa también incluye una serie de infracciones que se califican de muy graves, graves y leves y que pueden suponer sanciones de entre 60 euros hasta los 20.000 euros.
Igualmente, la ley también incorpora la obligación de restituir las cosas conforme a su estado anterior con cargo al infractor y de resarcimiento de daños y perjuicios que la actuación haya podido ocasionar.
2 comentarios
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Con cumplir la normativa general del Estado, con tener arreglados los caminos públicos basta. De eso nada, tenéis las carreteras insulares que son una pena por su mal estado y falta de señalización. Menos numeritos y a trabajar más, que sois malos gestores.
Los asalta fincas y prevaricadores haciendo leyes de caminos!!!!! Como nombrar a Puigdemont jefe de ética!!! Jajajaja