Así lo ha resaltado el presidente de la administración insular, Miquel Ensenyat, durante su intervención con el motivo de la aprobación de esta nueva normativa. «Se trata de un patrimonio que es de todos y queremos que todos puedan disfrutar», ha enfatizado.
Con esta normativa, no solo las instituciones podrán reclamar un camino como público, sino que también lo podrá hacer cualquier ciudadano. Además, dota de legitimidad a la administración para que «pueda abrir de manera inmediata un camino usurpado», han explicado.
La ley, que ha sido aprobada con los votos a favor del PSIB, de Més, Podemos y Cs, la abstención del PI y el voto en contra del PP, se elevará en los próximos días al Parlament para su toma en consideración.
Por su lado, la portavoz adjunta de los socialistas, Maria Francisca Servera, ha resumido que esta ley servirá para «dar respuesta a la necesidad de establecer un régimen jurídico en los caminos públicos para poderlos recuperar y promover su uso y defensa».
Cabe resaltar que la ley incluye una serie de infracciones que se califican como muy graves, graves y leves y que pueden suponer sanciones de entre 60 euros hasta los 20.000 euros.
Además, la norma también recoge la obligación de restituir las cosas conforme a su estado anterior con cargo al infractor y de resarcimiento de daños y perjuicios que la actuación haya podido ocasionar.
Según han informado desde el Consell, tras el periodo de exposición pública, el texto final incluye una serie de alegaciones recibidas durante esta fase de consulta pública. Concretamente se han aceptado siete alegaciones en su totalidad y diez de manera parcial.
Asimismo, se adjuntará a la documentación la petición del Consell insular de Menorca en la que se pide que la ley sea de ámbito autonómico, para que el Parlament lo considere.
Por otra parte, se desarrollará el Plan director sectorial de caminos, que es una de «las figuras claves» de la ley que define una red supramunicipal, un sistema complementario a la red de carreteras para medios no motorizados. El Plan contemplará la normativa de aplicación de ordenanzas de uso, planos informativos, de ordenación y de actuación.
Cabe resaltar que los principales efectos de la ley es la declaración de utilidad pública de los terrenos necesarios para su ejecución, así como el deber del Consell de Mallorca de garantizar la ejecución del Plan director sectorial y de los planes especiales de caminos.
En cuanto a los usos, la ley determina que los caminos deben ser de acceso libre y gratuito y que están destinados al tráfico no motorizado. Además, los usos y aprovechamientos distintos al derecho de circulación o tráfico necesitarán autorización previa de la administración titular.
Por otra parte, la ley también recoge un capítulo dedicado a la señalización y pavimentación; que incluye la elaboración de un manual de señales, y también hace referencia a las rutas de interés excursionista con el objetivo de recuperar, conservar y fomentar el patrimonio viario tradicional y su entorno, así como facilitar la práctica de este deporte.
2 comentarios
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Una llei molt esperada i necessària per acabar amb l'abús de propietaris de finques que s'han aprofitat de la seva posició dominant sobre la resta de ciutadans.
Aleluya!! Ya está bien de apropiarse de lo público!! Se empezaba a tener por norma, espero que empiecen a pagar ladrones y caraduras...