Las obras de la carretera de Manacor se investigan desde 2009. | Joan Socies

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Las negociaciones para buscar un acuerdo que cierre el ‘caso Peaje’ están en punto muerto, pero no rotas de forma definitiva. El posible pacto para cerrar una causa con trece acusados y penas que suman 154 años de cárcel tiene un escollo de 19 millones de euros: la indemnización que correspondería al Consell Insular por los trabajos cobrados pero supuestamente no realizados en la carretera a Manacor.

El caso, que arrancó en 2009, lleva más de un año parado con la instrucción cerrada y a la espera de trámites para que llegue a juicio. El principal incentivo que tienen las partes es evitar una vista oral especialmente complicada porque se celebraría con un jurado popular. Una causa por malversación, cohecho, fraude y falsedad, múltiples derivadas y una gran cantidad de periciales complejas con un jurado provocará una vista muy larga, complicada e impredecible.

La Fiscalía Anticorrupción impuso desde el principio como condición a cualquier acuerdo que el Consell recupere el dinero. La institución ha rechazado algunas propuestas de las defensas como cerrar ahora las condenas penales y derivar a un procedimiento contencioso la posible responsabilidad civil. Sin embargo, se barajan otras posibles fórmulas que están todavía a la espera de que se retomen las negociaciones y a que avancen los trámites judiciales. La causa está todavía pendiente de que se presenten los escritos de defensa antes de que llegue al Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial.

El ministerio público sostiene que se produjo un perjuicio de hasta 40 millones de euros en la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor. La causa incluye varias acusaciones por soborno por trabajos particulares realizados a exaltos cargos que se cargaron a las obras de la autovía.

En el banquillo se sentarán, entre otros, los exaltos cargos insulares de Carreteras Antoni Pascual, Gonzalo Aguiar y Francisco Orejudo, además de empresarios. Como se descartó la existencia de un posible delito de prevaricación, la causa se encauzó hacia un jurado popular, lo que ha alargado el trámite.