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El pleno del Parlament ha reclamado este martes al Ministerio de Justicia la creación de un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer en Baleares para mejorar la atención a las víctimas de agresiones machistas en una comunidad que encabeza las tasas en España.

La cámara legislativa ha hecho pública al inicio de la sesión plenaria una declaración institucional en la subraya la necesidad de incrementar la protección judicial de las agredidas por sus parejas o exparejas, 26,29 de cada 10.000 mujeres en el archipiélago, muy por encima de la media española de 17,04 por 10.000.

«La saturación de los juzgados, la falta de medios y la falta de especialización en algunos casos afectan directamente a los derechos de las víctimas de la violencia de género», subrayan los grupos con representación en el Parlament.

«En nuestras islas -inciden-, la tasa de órdenes de protección y de otras medidas cautelares es la más elevada de todo el Estado».

En Palma existen dos juzgados específico de violencia contra las mujeres y en Ibiza hay uno, aunque hay otros juzgados no especializados que también tratan causas de agresiones a mujeres.

En opinión de los grupos parlamentarios, pese a que la regulación legal en vigor es adecuada, «los datos sobre el número de denuncias, sentencias y órdenes de protección son preocupantes y pueden ser un indicador de los numerosos obstáculos y barreras que las mujeres víctimas de violencia de genero deben afrontar a la hora de obtener justicia y protección».

La declaración institucional, consensuada con motivo de la celebración el pasado sábado del Día Internacional contra la Violencia Machista, insta al Govern y al ejecutivo central a evaluar el desarrollo de la ley estatal contra la violencia sobre las mujeres en el ámbito judicial para corregir las deficiencias que se detecten.

Asimismo, el Parlament reclama las reformas precisas para que se cumpla el Convenio de Estambul sobre prevención de las agresiones a mujeres y para proteger a los mejores que padecen situaciones de violencia de género.

Finalmente, solicitan un pacto de estado contra la violencia machista dotado con los recursos precisos para su cumplimiento y que se sigan impulsando las medidas contempladas en el pacto autonómico.