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El Govern balear ha presentado en Atenas el anteproyecto de la ley del cambio climático, con ocasión de su participación en el foro «Islas y pequeñas ciudades inteligentes», ha informado la Conselleria del Territorio, Energía y Movilidad.

Los organizadores de este foro organizado por el gobierno griego han invitado al ejecutivo balear como buen ejemplo de políticas regionales.

El director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard, ha participado en la primera sesión de este congreso con una ponencia sobre legislación en materia de cambio climático y transición energética en políticas regionales.

Este congreso, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Grecia, la Agencia de Medio Ambiente y Energía del Mar Egeo y Dafni (Redes de Islas Griegas Sostenibles), tiene como objetivo principal debatir y poner en común políticas y actuaciones tecnológicas en materia de transición energética y gestión inteligente.

El anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética de las Islas Baleares se marca como objetivo alcanzar las «emisiones cero» en 2050 y prevé, entre otras actuaciones, la planificación del calendario de cierre de Es Murterar en un plazo de siete años.

También se contempla la instalación de placas solares en los grandes aparcamientos de más de 1.000 metros cuadrados, nuevos edificios y naves industriales, así como la zonificación por parte de los consells insulars de los lugares idóneos para instalar energías renovables y el autoabastecimiento con renovables de los edificios en rústico no destinados a usos agrarios.

A partir de 2025 no podrán entrar vehículos diesel en las Islas Baleares y desde 2035 los de gasolina.
Además, desde 2020 las empresas de alquiler de coches deben incorporar un 2 % anual de vehículos eléctricos en la flota, hasta el 100 % en 2035.

En 2020 las grandes y medianas empresas deberán calcular y registrar su huella de carbono y a partir de 2025 deberán presentar planes de reducción con objetivos mínimos vinculantes.

Los ayuntamientos deberán sustituir todo el alumbrado público, que deberá ser LED en cinco años.