Según han explicado fuentes judiciales, la intención es llevar la causa al ámbito civil porque consideran que no hay relación entre el perjucio presuntamente producido en el Consell de Mallorca y la UTE.
El caso, que se abrió a principios de 2009, investiga este desvío llevado a cabo, presuntamente, durante las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, en la etapa en que Maria Antònia Munar estaba al cargo de la institución (2003-2007).
Entre los imputados se encuentran el exconseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el exdirector de este ramo Gonzalo Aguiar, el exdirector de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto.
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