Las consecuencias de esta práctica penada en España se advierten en materia asistencial. | Govern de les Illes Balears

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Baleares ha instaurado un protocolo para prevenir y abordar la mutilación genital femenina, una práctica común en casi una treintena de países africanos de los que son originarias unas 2.800 mujeres adultas y 900 niñas y adolescentes residentes en el archipiélago.

La directora general de Salud Pública, Maria Ramos, ha explicado que el protocolo, que se comenzó a distribuir a finales del año pasado, prevé la coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y educativos para afrontar de forma conjunta una cirugía ritual castigada por el Código Penal español con hasta 12 años de cárcel.

El plan de actuación contempla proponer a los padres de niñas de nacionalidades donde esta práctica está arraigada la firma de un compromiso de no mutilación cuyo cumplimiento será supervisado de forma periódica y cuando las menores viajen a sus países de origen.

En la presentación han participado, además de Ramos, la consellera de Presidencia, Pilar Costa, la consellera de Salud, Patricia Gómez, y la directora del Instituto Balear de la Mujer, Rosa Cursach.

Costa ha señalado que el protocolo es una de las 135 medidas del plan trienal contra las violencias machistas aprobado por el Govern para desarrollar la Ley de Igualdad.

Gómez ha recordado que la mutilación genital femenina, en sus diversas formas, puede causar de manera inmediata graves hemorragias e infecciones, anemias severas a medio plazo y problemas ginecológicos, sexuales y reproductivos a largo plazo, por lo que es necesario afrontar el problema mediante la concienciación y la atención médica y social de quienes lo han sufrido o están en riesgo de padecerlo.

Ramos ha indicado que el índice de implantación de esta costumbre milenaria, más social que religiosa, varía en función de las etnias y países, con cifras próximas al 98 % en Somalia y de apenas un 1 % en Uganda.

En Baleares nunca se ha detectado su práctica, pero sí que hay residentes en las islas que padecen sus consecuencias, lo que se advierte principalmente a través de la asistencia sanitaria, a la que algunas mujeres mutiladas acceden con problemas que no saben que tienen ese origen.

En el protocolo se establecen diversos modos de intervención según la edad y la situación familiar de las mujeres, y se hace hincapié en la importancia de abordar, de forma coordinada entre sanitarios, educadores y asistentes sociales, la prevención en los casos de niñas en riesgo de sufrir mutilaciones genitales.

La directora general de Salud Pública ha hecho hincapié en la importancia de que desde el ámbito sanitario se convenza a los padres de niñas en riesgo de que firmen un documento de renuncia a esa práctica por los peligros inmediatos y perjuicios a largo plazo supone para ellas, además de por constituir un delito.

La directora del Instituto de la Mujer ha añadido que «el documento tiene una función pedagógica, porque el padre y la madre cuando hacen un viaje pueden informar ante las posibles presiones que se encuentran en el país de origen».

La Conselleria de Salud ha distribuido medio millar de copias del protocolo para darlo a conocer y promover su aplicación, e incluirá sus principales medidas en la formación sobre violencia machista que se está impartiendo a todos los sanitarios de Atención Primaria.