Panorámica de los trabajos previos de demolición con Son Banya al fondo. | Alejandro Sepúlveda

TW
21

Familias del poblado de Son Banya denuncian al Ajuntament de Palma ante la «sospechosa» licitación de la empresa encargada de la demolición del poblado.

Fuentes jurídicas representantes de los gitanos apuntan que en los próximos días se interpodrán un aluvión de peticiones a Cort para personarse, en calidad de afectados, en todos los expedientes administrativos para la concesión de obra de demolición del poblado.

Las familias afectadas quieren conocer de primera mano si el procedimiento de contratación de la empresa que efectuará las demoliciones es adecuado a la ley de contratos públicos. Exigirán ver las plicas u ofertas presentadas e interponer las denuncias pertinentes si no cumplen la legalidad. «Estos del ayuntamiento son unos chapuceros en temas de licitación y estamos plenamente convencidos de que acabaremos en los tribunales. Salvaguardando las distancias y viendo lo que sucedió con el ‘caso Contratos' de Més per Mallorca y la forma de contratar, ¿quién nos dice que no estamos ante un caso similar? Más de una veintena de familias se personarán para velar por la legalidad. El dinero es de todos los ciudadanos», apunta uno de los letrados consultados por Ultima Hora.

Sin fecha

Noticias relacionadas

Desde Cort se insiste en señalar que no pueden fijar expectativas y que todo depende de los procesos administrativos relacionados con la elección de la empresa que demolerá el poblado, así como con las decisiones de los juzgados respecto a las familias que se resisten a abandonar sus casas.

La jueza investigará la denuncia de los gitanos contra en Ayuntamiento

La titular del juzgado de Instrucción 4, Piedad Marín, asumirá la investigación interpuesta por los gitanos de Son Banya contra el Ajuntament. Un grupo de familias de Son Banya que serán desalojadas en dos semanas llevaron a la Policía Nacional un informe de un detective que, según ellos, demuestra que hay un «chanchullo» en su expulsión.

La portavoz de las familias, Manuela Cortés, vincula que Cort haga cumplir ahora las sentencias que les expulsan del poblado con la apertura de un centro comercial en la zona. «Tenemos línea de autobús, nuestro colegio y ahora el ayuntamiento se da cuenta de que somos okupas después de 45 años aquí». Así apunta a los intereses comerciales: «¿Cuál es el afán? Pues el FAN». En próximos días habrá un nuevo informe con más datos.