El ascensor de la Plaça Major está fuera de servicio muchas veces por los actos vandálicos que sufre. | Redacción Local

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La defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, insta al Ajuntament de Palma a poner cámaras de seguridad en los lugares que sufren más actos vandálicos. En concreto, la defensora presentará una nueva sugerencia a la comisión de Suggeriments del próximo viernes para que el Consistorio habilite cámaras de seguridad en el ascensor de la Plaça Major, ya que muchas veces está fuera de servicio por los actos vandálicos que padece, lo que impide garantizar el derecho a la accesibilidad que tiene los personas con problemas de movilidad.

Esta no es la primera vez que la Oficina del Defensor de la Ciudadanía formula esta recomendación, ya que también lo hizo en mayo de 2008; una década después este problema persiste.

Gastos en mantenimiento

Moilanen precisa que desde la regidoria d’Infraestructures están realizando un gran esfuerzo en el mantenimiento del ascensor (en 2017 gastaron 6.800 euros en arreglos), pero los actos vandálicos son frecuentes y en muchas ocasiones está fuera de servicio. «El Ajuntament tiene que ganar el pulso al vandalismo», sostiene.

La defensora añade que otros de los puntos en los que se deben instalar cámaras de seguridad para evitar los actos vandálicos son los monumentos protegidos que sufren más estas actuaciones incívicas. Este es el caso del Baluard del Príncep, donde el Consistorio se planteó la pasada legislatura instalarlas, pero no llegó a hacerlo. Emaya tiene muchos problemas para limpiar las pintadas de los espacios o monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), ya que necesita la autorización de la comisión de Patrimoni del Consell de Mallorca y los trámites burocrátivos son complejos y ralentizan mucho el proceso.

Moilanen precisa que la instalación de las cámaras de seguridad debe realizarse cumpliendo la normativa de protección de datos y garantizando el derecho a la intimidad de las personas. «El control de las imágenes tiene que ser muy estricto», destaca. No obstante, reitera que el derecho a la accesibilidad de las personas que tienen movilidad reducida y la protección del patrimonio histórico de la ciudad se tienen que garantizar.