El Gobierno británico ha anunciado nuevas medidas que entrarán en vigor en las próximas semanas con las que se van a fijar los costes legales que se pueden reclamar en las reclamaciones por enfermedad contraídas durante las vacaciones de turistas británicos fuera del país.
El sector turístico internacional había reclamado este vacío legal que había contribuido a que las reclamaciones por parte de los turistas británicos se incrementen. Además había mostrado su preocupación por que estas reclamaciones falsas puedan implicar una subida de los precios de los paquetes vacacionales para los turistas británicos.
Hasta ahora, los costes legales derivados de las reclamaciones al seguro por enfermedades contraídas durante las vacaciones no estaban sujetos a ningún tipo de control, por lo que los touroperadores veían con frecuencia cómo crecían de forma desproporcionada con respecto a los daños reclamados.
De ahí que muchos touroperadores hayan preferido resolver las reclamaciones cerrando acuerdos fuera de los tribunales, en lugar de por la vía judicial.
Los expertos del sector consideran que éste ha sido un factor clave en el incremento de las reclamaciones, y que ha creado preocupación por el daño a la reputación del Reino Unido en el extranjero y por la posibilidad de que los turistas británicos se encuentren con unos paquetes vacacionales más caros.
«Reclamar una indemnización por haber contraído una enfermedad durante las vacaciones, cuando no es cierto, es un fraude. Esto perjudica al sector del turismo y expone a los turistas a una subida de precios. Este comportamiento también daña la reputación de los ciudadanos británicos en el extranjero. Por este motivo, vamos a introducir unas medidas que persigan a los que incurren en estas prácticas deshonestas», explicó el secretario de Estado de Justicia británico, Rory Stewart.
Las reclamaciones se han incrementado un 500 %
Según la Asociación de agentes de viaje británicos (ABTA, por sus siglas en inglés), de 2013 a 2016 las reclamaciones crecieron en un 500%, de 5.000 a 35.000.
Estos costes «desproporcionados» han frenado a los touroperadores a la hora de impugnar por vía judicial las reclamaciones, y al mismo tiempo han animado a las compañías de seguros a incitar a los turistas a que reclamen indemnizaciones e, incluso a operar directamente desde los resorts europeos.
Para abordar este problema, desde el Gobierno se ha pedido al Comité de Procedimiento Civil -encargado de fijar las normas relativas a los costes legales-, que estudie trasladar las reclamaciones al régimen de costes fijos recuperables.
Así, los touroperadores solo desembolsarían los gastos establecidos según la cuantía de la reclamación y la duración del proceso judicial, pudiendo prever los costes legales y ayudando a los touroperadores a impugnar por vía judicial las reclamaciones fraudulentas.
Cambios en la normativa
El Comité ya se ha puesto de acuerdo sobre los cambios que se van a aplicar a esta norma, los cuales entrarán en vigor en breve. Se publicará más información sobre el enfoque del Gobierno, así como su respuesta tras la reciente solicitud de pruebas.
El Gobierno británico se compromete a abordar esta «cultura» de las indemnizaciones, habiendo introducido recientemente una ley de responsabilidad civil que incluye medidas para reducir el número de reclamaciones por latigazo cervical y para permitir a los seguros rebajar las primas.
Otras reformas contemplan la prohibición de las «llamadas en frío» para captar clientes por teléfono y una regulación más estricta de las empresas de gestión de reclamaciones.
Desde octubre de 2017, los tribunales han condenado a cuatro parejas pagar unos costes legales importantes tras haber presentado unas reclamaciones fraudulentas por enfermedades contraídas durante sus vacaciones, la mayoría en España. Estos casos fueron acusaciones privadas interpuestas por los touroperadores Thomas Cook, TUI y Red Sea Holidays.
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