Vista general de la sala de plenos durante el pleno ordinario celebrado este jueves. | M. À. Cañellas

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El concejal de Urbanisme, José Hila, mostró este jueves en el pleno su total oposición a la proposición de ley del desahucio exprés contra las ocupaciones de viviendas aprobada esta semana por la Comisión de Justicia del Congreso que, entre otras cosas, prevé que los ayuntamientos ofrezcan viviendas sociales a la familias vulnerables que son desalojadas de una vivienda ocupada.

«No tenemos ni una sola vivienda social que podamos ofrecer a estas familias, cero, están todas ocupadas», aseguró el concejal, y no ocultó su indignación al declarar que «ya basta de pasarle esta papeleta a los municipios, si quieren que actúen que les doten de recursos económicos para poder hacerlo, se deben dar soluciones y no solo echar a la gente a la calle». En opinión de Hila, «se debería ir a por las mafias», que ocupan muchas viviendas para convertirlas en narcopisos. Añadió que «no se necesitan nuevas leyes para eso, basta con que hagan cumplir las que ya existen». El concejal explicó que estuvo esta semana en Son Gotleu y que los vecinos le trasladaron que «están preocupados por las mafias, pero también por muchas familias que no tienen donde ir». Si se aprueba esta ley, auguró, «se les sacará de las casas ocupadas, vendrán a nosotros y no tendremos ningún piso que ofrecer, por eso exijo que se prevea una partida económica para que los ayuntamientos puedan asumir a esas familias que no podemos dejar en la calle». De lo contrario, añadió, «la ley está mal hecha, porque las mafias van a seguir igual, pero las familias vulnerables sufrirán».

El debate se produjo en el marco de una propuesta de C's para que Cort tome medidas contra la ocupación ilegal. La portavoz del PP, Marga Durán, alertó de que las ocupaciones de pisos son ya una de las principales preocupaciones en los barrios de Palma, «en especial en Son Roca». Según datos de Emaya, indicó Durán, «la Soledat, Camp Redó, Son Gotleu y Nou Llevant son las zonas más afectadas por las conexiones ilegales de agua». No actuar desde el Consistorio, dijo la edil, «es cobarde e irresponsable».