En opinión de Martí, el Gobierno instrumentaliza la Abogacía del Estado, «aprovechando el conflicto de Cataluña, para ir contra la lengua cooficial, objeto de especial protección según la Constitución y el Estatuto de Autonomía».
«Esta ofensiva, que ahora también se dirige contra el Ayuntamiento de Pollença, no será ningún impedimento para seguir trabajando para aplicar la Ley de Normalización Lingüística», ha asegurado el diputado menorquín, que ha recordado que esa norma se aprobó en 1986 con el respaldo del PP.
La Obra Cultural Balear (OCB) también ha aludido a la instrumentalización de la Abogacía del Estado, que ha atribuido al PP, que a su juicio persigue «intereses partidistas».
«Se utiliza la Abogacía del Estado como si fuese el departamento jurídico de un partido político que sirve a intereses particulares y partidistas, y no al servicio de toda la ciudadanía y de los intereses generales», indica la entidad de fomento del catalán.
También ha criticado el uso interesado de los servicios jurídicos estatales el portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, que ha culpado de ello a la Delegación del Gobierno en las islas, dirigida por Maria Salom.
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