Se trata de 137 concesiones de las cuales 81 son de uso particular no lucrativo; 14 ligadas a una actividad económica -en su mayoría restaurantes-; ocho de servicios públicos de suministros; y otra 34 que son viviendas. Por todas ellas, el Ejecutivo autonómico ingresa 445.000 euros anuales y con las nuevas concesiones prevé duplicar esta cantidad, según el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons.
En cuanto a las viviendas, las 11 que están íntegramente en zona de dominio público se van a recuperar ya que el Estado no permite el uso residencial en zona portuaria de dominio público. En cuanto a las 23 restantes, se estudiará caso por caso.
El pago de las concesiones es en muchos casos «simbólico», por lo que se actualizarán las tarifas de las nuevas.
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