Los vecinos quieren acabar con el turismo de borrachera, lo cual, aseguran, beneficiará a los dos municipios. | Click

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Cansados de «años de promesas incumplidas» y a las puertas de lo que esperan que sea «uno de los peores veranos» por el turismo de borrachera, vecinos y empresarios de la Platja de Palma han decidido pasar a la acción. Los servicios jurídicos de la Plataforma conjunta ‘Por una Playa de Palma Cívica' se han puesto a estudiar fórmulas jurídicas que permitan a esta zona de Palma-s'Arenal tener una autonomía administrativa.

«En principio parece que sí, que hay fórmulas posibles, no la de tener un ayuntamiento propio, pues para eso habría que cambiar las leyes estatales y autonómicas, pero sí que podría haber alguna fórmula de autonomía administrativa que pueda permitirnos tomar nuestras propias decisiones», informó Biel Barceló, presidente de la agrupación ciudadana Ciutat de s'Arenal, entidad de capitanea esta iniciativa. Esta fórmula legal que daría a la zona mayor independencia, explicó, podría pasar por convertirse en una entidad local menor o por la creación de un consorcio para la gestión de la zona, por ejemplo.

Barceló justificó que «visto que tanto el Ajuntament de Palma como el de Llucmajor son y han sido incapaces históricamente de solucionar los problemas de la zona, es hora de actuar y vamos a esperar a que los servicios jurídicos nos pasen la información que necesitamos para tener un argumento jurídico sólido».

Una vez que se tenga la idea clara, añadió Barceló, se realizará una campaña de información en toda la zona sobre la posibilidad de tener esta autonomía e iniciar una campaña de recogida de firmas «para evaluar la disposición de nuestros vecinos a que así sea». Las entidades vecinales de la plataforma cuentan con «el apoyo claro y explícito de los empresarios más representativos, como son los hoteleros de la Platja de Palma y las asociaciones de restauradores».

La Platja de Palma-s'Arenal, aseguró Barceló, «se merece empezar a forjar su propio destino, un destino que dé cabida a una administración propia o a una administración compartida pero en cualquier caso una gestión que permita a la sociedad civil tomar sus propias decisiones».