Muchas personas permanecieron en la playa, pese a que el baño estaba prohibido. | M. À. Cañellas

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La Fiscalía investiga desde hace meses los vertidos de fecales en la Bahía de Palma. La sección del ministerio público especializada en Medio Ambiente mantiene abiertas varias diligencias informativas para esclarecer si existe algún tipo de responsabilidad penal derivada de las reiteradas fugas de aguas contaminadas. A estas diligencias se suman denuncias más recientes como la presentada hace dos semanas por el abogado Santiago Fiol a título individual y que todavía no ha iniciado su trámite.

Las investigaciones de la Fiscalía analizan si existe un delito por parte de las administraciones públicas. Las pesquisas apuntan a que los vertidos se reproducen de forma sistemática cada vez que se produce una tormenta o lluvias fuertes y que, por tanto, se deben a deficiencias en los sistemas de depuración de las aguas que vierten a la Bahía, en concreto a la falta de capacidad de las plantas que tratan el agua y que cuando se produce una avenida extraordinaria por las lluvias no dan a basto y se permite el vertido al mar de las que no se consiguen depurar. Las investigaciones responden tanto a las denuncias de particulares como a actuaciones de oficio del propio ministerio público.

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La Fiscalía ha recabado diversos informes para acreditar el origen y el alcance de los vertidos que, en los últimos meses han provocado reiterados cierres de playas a los bañistas. Con esta documentación decidirá en los próximos meses si existen indicios suficientes para judicializar el caso y formalizar una posible querella ante un juzgado o si, por el contrario, decide su archivo si no se puede dirigir contra nadie la acción penal. A estas denuncias se sumará la presentada por Fiol a mediados del mes de agosto. En este caso, el letrado y navegante planteaba la posible existencia de delitos contra la flora y la fauna, el medio ambiente y la salud pública y pedía que se esclareciera quiénes eran los responsables.

El escrito relacionaba los vertidos con la muerte de posidonia y apuntaba también a la responsabilidad de las administraciones públicas en la reiteración de los vertidos y en sus efectos sobre las praderas: «el principal contaminante no somos los navegantes, si no las administraciones públicas que vierten al mar toneladas de suciedad».