Según ha informado la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad en un comunicado, esta prolongación de los servicios está prevista por la propia Ley 16/1987, de 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres para «garantizar el servicio público de transporte ininterrumpidamente».
La ley establece que cuando finalice el periodo de vigencia de un contrato sin que haya concluido el procedimiento para la adjudicación del nuevo para la prestación del mismo servicio, el contratista actual está obligado a continuar con el servicio si así le es requerido por la administración.
Así, queda totalmente garantizado el servicio mientras se resuelve el concurso de las nuevas concesiones. De este modo, se ha comunicado a las actuales concesionarias la prolongación del servicio, que acababa el 31 de diciembre y se han presentado un total de 25 ofertas para la prestación de los nuevos servicios de transporte público.
Los contratos de sucesión de servicio público tendrán una duración de diez años, ampliables otros cinco, y el presupuesto máximo para todo el periodo será de 479.237.657,70 euros.
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