Según la consellera del PP, Catalina Cirer, esto ha sido así «solo para poder ponerse la medalla ante la opinión pública a pesar de contar con la oposición de los informes técnicos de la institución que, entre otras cuestiones, alertan de pretender que la nueva competencia esté operativa a partir del 1 de enero «impida ofrecer una atención eficaz, eficiente y de acuerdo con las necesidades de las mujeres y las víctimas de violencia de género».
En la votación de la propuesta del pacto, el PP se ha abstenido «por responsabilidad» basándose en las «prisas y en los informes contrarios de los técnicos del Consell», que apuntan a que el empeño del departamento que dirige Jesús Jurado (Podemos) podrían «vulnerar el Estatut d'Autonomia así como la Ley, generar duplicidades con el Govern, crear incertidumbre ante la falta de información recibida por parte de los gestores de un traspaso que se ha hecho con demasiadas prisas, entre otros asuntos.
Por ello, Cirer ha apuntado que se han visto obligados a votar «desde la responsabilidad que le falta al equipo de gobierno, más preocupado del rédito político que de velar por los colectivos bajo la competencia de la nueva dirección insular».
Asimismo, ha dicho que «les sobra arrogancia por autodefinirse como el primer gobierno insular feminista cuando, en realidad, es una irresponsabilidad pretender asumir esta competencia a partir del 1 de enero sin las garantías de poder responder a las necesidades de los usuarios en la misma medida que lo hace ahora el Govern».
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