Varias personas esperan en la calle a ser atendidas ayer en la Gerencia Territorial de Justicia. Apenas fueron atendidos los ciudadanos que llegaron a las nueve de la mañana.

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Tres y cuatro horas de espera para un trámite con la administración, dos funcionarios para 200 ciudadanos, nervios y gritos. La Gerencia Territorial de Justicia de Balears está al borde del colapso. Un problema crónico de personal sumado a la baja simultánea de cinco funcionarios llevaron a que este martes incluso se solicitara al Ministerio cerrar las oficinas al no poder atender al público. La medida no se llegará a tomar, pero la situación del organismo es límite.

De las oficinas de la calle Posada Real depende toda la gestión del personal de los juzgados de Balears (1.600 funcionarios) y trámites tan esenciales como la gestión de la justicia gratuita en las Islas. También expide documentos que se han convertido en imprescindibles para acceder a muchos empleos: el de antecedentes penales y el que certifica que no se han cometido delitos sexuales, cada vez más demandado en educación. Eso implica que unas 200 personas cada día acudan a estas oficinas. Desde el pasado verano son crónicas las colas en la puerta y las quejas por mal funcionamiento del servicio. La tensión ha minado a los funcionarios: el pasado viernes, una ambulancia se llevó a una trabajadora en crisis por estrés.

A esa baja se suman otras cuatro en atención al público. Así, este martes se quedó uno de los funcionarios con el apoyo de otro de sus compañeros, que de forma habitual se dedica a otras tareas. A la puerta del edificio, una veintena de personas esperaban para entrar.

Dentro, otras tantas hacían cola desde las nueve de la mañana para ser atendidos cerca de la una. La situación provocó algún episodio de gritos, en especial de un ciudadano que hacía cola y que se encaró con los trabajadores desbordados. La gerente, Almudena Domínguez, tuvo que intervenir en más de una ocasión y amenazar con llamar a seguridad o a la policía.

Este martes por la mañana se remitieron informes al Ministerio tanto en relación a la falta de personal como a la falta de seguridad del edificio y se puso sobre la mesa el cierre. El Ministerio y Delegación del Gobierno informaron de que no se llegará a tomar esa medida y que se enviará personal eventual de forma urgente para cubrir con las bajas.

Los sindicatos de Justicia corroboran que la situación viene de largo. Manuel Romero, de Comisiones Obreras, estuvo ayer en la Gerencia y explica que esa falta de personal «repercute en los ciudadanos, en los funcionarios y en el funcionamiento de toda la administración de Justicia». Explica que «la gente se marcha porque no puede esperar tres o cuatro horas para ser atendida». Juan Luis Morata, de CSIF, apunta a que a la falta de personal se suma la carga de trabajo de tramitar la llegada de los 300 nuevos funcionarios que se han incorporado a los juzgados.