Jueces de Madrid asumen parte de los 2.000 casos pendientes en contenciosos de Palma

La Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado este mes dos comisiones de servicio a favor de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que refuercen los juzgados de lo Contencioso 1 y 2 de Palma. Estos jueces permanecen en sus puestos, reciben los expedientes por correo y se ocupan de poner las sentencias. Esta medida se renueva desde hace año y medio. La última reunión de la Sala de Gobierno del TSJB acordó solicitar este refuerzo para los tres juzgados que operan en Palma hasta finales de este año.

Los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Baleares, con sede en Palma pero competencia provincial, son uno de los órganos más lentos de toda la justicia española. Tardan, de media más de 14 meses en resolver los asuntos que le entran. Como muestra, uno de ellos ya señalaba asuntos para 2020.

Desde hace años se han ensayado diferentes refuerzos para estos juzgados, desde jueces sustitutos a otros recién incorporado. Sin embargo, la especialidad que requieren y la complejidad de algunos de los asuntos hacen que el rendimiento de los sustitutos no sea óptimo y, en paralelo, los de adscripción territorial –de carrera, pero sin destino– son cada vez más escasos.

Así, la solución por la que se ha optado es ofrecer estos apoyos a magistrados especialistas de la Península y todas han sido solicitadas por jueces de Madrid. Éstos asumen expedientes que se tramitan por el procedimiento ordinario, en los que la prueba se presenta por escrito y que en la mayoría de los asuntos no exigen que se celebre una vista oral, lo que permite su resolución a distancia. Se trata de los asuntos más complejos con cuantías por encima de 30.000 euros.

Cada uno de los juzgados de lo Contencioso recibe cada año más de seiscientos asuntos, lo que se sitúa por encima del indicador que marca el Consejo General. Por eso, a pesar de que han resuelto también más casos de los que les tocan han acumulado un retraso de forma progresiva.

Los casos pendientes han subido cerca de un 20 % en los dos últimos años a pesar de las medidas de refuerzo que se han probado para ellos. Uno de ellos, el dos, tiene además más de un centenar de sentencias pendientes de dictar por una enfermedad del juez comisionado de refuerzo. De esas, 60 causas llevan pendientes de que se dicte la resolución más de seis meses.

Este no es el único refuerzo aprobado este mes por la Comisión Permanente del Consejo General. También se ha prorrogado el del Juzgado de lo Penal 8, que se encarga de ejecutar las sentencias del resto de órganos de Palma. Este juzgado ha sido durante años un quebradero de cabeza para los órganos de gobierno y ahora mismo tiene adscritos tres jueces y una de las mayores oficinas judiciales de las islas. En este caso, los refuerzos sí han bajado de forma constante el número de ejecutorias pendientes, que a finales del año pasado era de 6.074.