El mal estado de las aceras es uno de los motivos más habituales de denuncias ciudadanas y por las que el Consistorio pagó el año pasado 340.000 euros en indemnizaciones. | J. M. Giménez

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El Ajuntament de Palma pagó en 2018 la mayor cifra de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de los últimos años. Un total de 3,2 millones de euros cuando la media desde el año 2012 no superaba el medio millón de euros. Desde 2012 hasta ahora la cifra de indemnizaciones más alta correspondía al año 2016 con el pago de 633.196 euros.

La cantidad que el Consistorio tuvo que abonar en 2018 por denuncias motivadas por caídas de ciudadanos en la vía pública fue de 340.000 euros, una cifra que está dentro de lo normal, pero a ella hay que sumar tres sentencias muy importantes por responsabilidad patrimonial que son las que dispararon la cantidad final que se ha tenido que abonar.
El concejal de Hacienda, Adrián García, explica que la primera de estas sentencias se refiere al retraso en una concesión del impuesto de construcciones en Son Vida, por la que se reclamó una indemnización de medio millón de euros y los demandantes ganaron en el juicio.

Otra de las sentencias está relacionada con el accidente que tuvo un hombre que conducía por la zona de Son Banya, se dio un golpe contra un resto de obra que fue imputado a Emaya. El juez dio la razón a esta persona y le concedió una indemnización de más de cien mil euros.

Por último, la tercera se refiere al pago de 2,2 millones de euros al que tuvo que hacer frente el Consistorio por anular una licencia de construcción en un solar en la zona de es Carnatge, en la barriada del Coll den Rabassa. Los propietarios querían construir allí una gran superficie comercial (un Decathlon) y los tribunales les dieron la razón.

El concejal destaca que «estas tres sentencias vienen de hace años y no son de esta legislatura». En este sentido, García reconoce que «cuando llegamos al gobierno nos encontramos muchísimo retraso en esta materia y lo que hicimos fue reforzar el servicio de responsabilidad patrimonial con un técnico y un auxiliar y ahora más o menos trabajan al día». Este servicio es el que acepta o deniega las reclamaciones y en caso de rechazarlas si el afectado no está conforme suele recurrir a la Justicia.