La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) Felisa Vidal ha citado al juez instructor del 'caso Cursach', Miguel Florit, y al fiscal Anticorrupción Juan Carrau como investigados por la querella por presunta prevaricación presentada por Europa Press y 'Diario de Mallorca' el pasado diciembre.
Florit deberá comparecer en la sede del TSJIB el próximo 8 de abril a las 10.00 horas, mientras que Carrau lo hará a las 11.30 horas.
Igualmente, el TSJIB ha citado a los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, en este caso en calidad de testigos, el 15 de abril a partir de las 10.00 horas. Para ese mismo día, también llama a declarar como testigo al inspector jefe de la Policía Nacional encargado de la investigación de la revelación de secretos -en el Juzgado de Instrucción número 12-, y que participó en la incautación de los teléfonos móviles.
La querella se presentó después de que la Policía se incautara, por orden de Florit, de los teléfonos móviles y otros dispositivos de los periodistas Blanca Pou, de Europa Press, y Kiko Mestre, de 'Diario de Mallorca', en una pieza abierta para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas por los redactores en relación al 'caso Cursach'.
Los periodistas y sus medios de comunicación interpusieron una querella contra Florit por prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio y vulneración del secreto profesional periodístico. Posteriormente, la documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre, Pou, una periodista de EFE y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma.
Todas estas medidas fueron solicitadas por la Policía Nacional y avaladas por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau. En cuanto al rastreo de los teléfonos, dio el visto bueno a la solicitud a las compañías telefónicas considerando la medida «no invasiva» y «proporcionada»; y en cuanto a la incautación del material, además de pronunciarse a favor de la requisa de los equipos, pidió que el acceso a la información abarcara «whatsapps, mensajes, correos electrónicos y otras redes sociales». Por ello, los periodistas le acusaban como «inductor» de las decisiones del juez.
A la querella se han adherido posteriormente la Asociación de Medios de Información (AMI) y la Agencia EFE.
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