La ministra Portavoz, y de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá (d), y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Juan Carlos Hidalgo

TW
8

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto por el que destinará 307 millones de euros para fomentar la eficiencia energética de las empresas, que suponen el 25 por ciento del consumo final de energía de toda España. De estos 307 millones, 1,6 se destinarán a las pymes de Baleares.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que la convocatoria de ayudas se realizará a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica y que se nutre de aportaciones de las empresas comercializadoras de electricidad. Estas ayudas podrán ser cofinanciadas por aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Maroto ha destacado que estas ayudas permitirán seguir avanzando en la reducción de emisiones de CO2 y en la eficiencia del consumo final de las empresas a través de la mejora de la tecnología de equipos industriales para combatir el cambio climático y preservar el medio natural, en línea con la agenda del cambio del actual Gobierno.

Según ha añadido, estos fondos se distribuyen entre las comunidades autónomas y han sido aprobados ya por la Conferencia sectorial y están en el centro de la agenda económica del Ejecutivo para «modernizar el modelo sostenible» y hacerlo «más inclusivo». «Situar a las pymes en el centro de la agenda nos va a permitir crecer y crear empleo sin que nadie se quede atrás», ha destacado.

De acuerdo con el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, esta norma comunitaria fija el objetivo de alcanzar un ahorro de energía final de 15.979 toneladas equivalentes de petróleo (ktep) en 2020 para todos los sectores, incluido el de la industria. A 31 de diciembre de 2018, esta cifra se situaba en 11.824 ktep, lo que representa el 74 por ciento del objetivo.

Las acciones que se podrán financiar, según ha indicado Maroto, deben ir destinadas a mejora de la tecnología de equipos y procesos industriales o la implantación de sistemas de gestión energética.

El programa de ayudas, que coordina por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), será gestionado directamente por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán publicar convocatorias en sus respectivos territorios para el reparto de los importes que tienen asignados en sus respectivos territorios, y que fueron consensuados previamente con el Gobierno en la Conferencia Sectorial de Energía, celebrada el pasado 25 de febrero.

En concreto, a este fin, los fondos se distribuirán de la siguiente manera: 73.778.059,68 euros para Andalucía; 10.562.941,35 euros para Aragón; 4.779.747,67 euros para Principado de Asturias; 1.602.277,30 euros para Baleares; 2.580.302,51 euros a Canarias; 4.105.555,15 euros a Cantabria; 32.362.793,24 euros para Castilla y León; 9.930.916,48 euros para Castilla-La Mancha; 49.493.353,71 euros para Cataluña; 31.191.038,12 euros para Comunidad Valenciana; 2.032.533,55 euros para Extremadura; 16.629.395,16 euros para Galicia; 23.730.319,46 euros para Madrid; 21.850.472,58 euros para Región de Murcia; 4.688.201,42 euros para la Comunidad Foral de Navarra; 5.321.804,01 euros a País Vasco; 2.865.733,89 euros para La Rioja; 74.665,11 euros para la Ciudad Autónoma de Ceuta y 64.795,60 euros se destinarán a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se trata del tercer programa de ayudas de este tipo, después de las convocatorias de 2015 y 2018, que tuvieron una dotación conjunta de 283 millones de euros con los que se han financiado más de mil proyectos. Transcurridos dos meses desde la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de otros dos meses para poder publicar sus correspondientes convocatorias de ayudas.

Los solicitantes recibirán la financiación de forma directa, en orden de prelación, si cumplen con las condiciones fijadas en la norma