Representantes del sector de la construcción balear han reclamado a los responsables políticos cambios normativos y planes de inversión. | Pere Bota

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Las patronales del sector de la construcción afirman que en caso de que no se resuelva el problema de la vivienda a corto plazo «se creará un conflicto social en todas las Islas», según se puso este miércoles de manifiesto en la CAEB en la presentación de el Libro blanco del urbanismo y la edificación en Baleares para consensuar el urbanismo del futuro.

El documento, que se dará a conocer a las administraciones y partidos políticos, es fruto del consenso de 17 patronales del sector de la construcción, que representan a 16.500 empresas en las Islas, el 10 % de la población activa y el 10 % del PIB balear.

El presidente de la Comisión de Construcción de la CAEB, Óscar Carreras, junto al vicepresidente de CAEB, Eduardo López, afirmó que «nos enfrentamos a un escenario de enorme dificultad e importantes consecuencias sociales, en el que el acceso a la vivienda para la población residente se hace cada día más complicado con unos precios inaccesibles, y al alza, tanto para la compra como para el alquiler».

Añadió que las infraestructuras no están actualizadas y no dan abasto ante el creciente número de residentes y visitantes: «Las administraciones han ido apostando por cambios legislativos y parches a corto plazo, que solo han provocado una tremenda inseguridad jurídica y que prácticamente nada han aportado a la solución estructural de estos problemas».

Ambos puntualizaron que con cada nuevo Govern o administración local no se ha renovado la actual normativa urbanística «que no está adaptada a la realidad demográfica y social».

En el libro blanco se culpa a la escasez y al alto precio del suelo disponible debidos a la insularidad y a la necesidad de conservación del territorio, así como a las políticas que han imperado hasta la fecha en Baleares en materia de gestión del suelo.

Carreras afirmó que «Baleares sufre un continuo incremento de la población y para los siguientes 12 años se espera un incremento de 213.000 habitantes, mientras que, como efecto de la crisis inmobiliaria, arrastra en la actualidad un déficit acumulado de más de 16.000 viviendas».

En estos momentos se construyen al año en las Islas en torno a 3.000 viviendas y se necesitaría llegar a las 6.500 «por lo que el déficit sigue aumentando y crecerá más en caso de que no se actúe a tiempo», apuntó Carreras.

Las patronales coinciden en señalar que es vital retomar con intensidad los planes de vivienda «pero adaptados a la realidad social para lograr un parque público de viviendas de alquiler a precios asequibles». Además, puntualizan que «es preciso reestudiar la vivienda social, el volumen necesario, su coste y, sobre todo, su gestión para optimizar recursos y resultados efectivos».