La intención es designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral para alcanzar la solución del conflicto. | Pixabay

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La ley que prohíbe los vehículos diésel en las Islas a partir del año 2025 acaba de chocar contra los intereses del Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad contra varios artículos del texto entre los que precisamente se encuentra la limitación de los vehículos diésel en las Islas.

La disposición adicional tercera de la ley establece que, a partir del 1 de enero de 2025 queda prohibida en Baleares la circulación de motocicletas y turismos que utilicen el diésel como combustible, excepto aquellos que queden excepcionados por razones de servicio público o por su «radicación previa» en el territorio balear.

La limitación se extiende además a motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones. También quedan exentos algunos vehículos por razón de servicio o por su radicación previa en Baleares. El Gobierno cree que ambas limitaciones puede ser ilegales.

La amenaza del Gobierno se hizo pública este martes, a pesar de que el Govern la conoce con anterioridad. De hecho, el acuerdo entre las dos administraciones para abrir un proceso de negociación se adoptó en una fecha sorprendente: el pasado 27 de mayo, es decir, justo un día después de las elecciones autonómicas. Ese día se constituyó la Comisión Bilateral entre las dos administraciones para iniciar conversaciones y evitar el posible recurso al Tribunal Constitucional, según se señala en la publicación del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

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El acuerdo lo firman el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por delegación de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que en esa fecha ya era presidenta del Congreso. Por parte del Govern, el acuerdo lo firma la consellera de Presidència, Pilar Costa, que pasó a estar en funciones ese mismo día.

La publicación simultánea en el BOIB y en el Boletín Oficial Estado (BOE) del acuerdo de creación de esta comisión se ha hecho apenas tres semanas después de su adopción, pero no ha sido así con otras amenazas del Gobierno similares.

Esta es la quinta ley del Govern de Francina Armengol cuya constitucionalidad cuestiona Pedro Sánchez en menos de un mes. Desde que se ha celebrado las elecciones, se han publicado otras cuatro advertencias.

La más antigua data de marzo. Ese mes se reunió la comisión ante el aviso de un recurso contra la carrera profesional. El Govern no hizo pública ese amenaza contra el plus de los funcionarios hasta dos días después de las elecciones. Madrid también cuestiona la legalidad de algunos artículos de la ley agraria, de la ley de residuos y de la de atención a los derechos de la infancia.