Primeras demandas en los juzgados de Baleares contra el ‘cártel de los camiones'

Las consecuencias legales por el denominado ‘cártel de los camiones' llegan ahora cuando los transportistas que adquirieron vehículos con precios manipulados han iniciado las reclamaciones. En toda España se calcula que hay más de 100.000 afectados: desde autónomos a grandes empresas de transporte. Tanto los compradores directos de los camiones, como los que los hayan podido adquirir de segunda mano o quienes optaran por fórmulas de leasing o similares. Todos ellos pueden, potencialmente, reclamar una indemnización a las compañías que, algunos expertos sitúan en cantidades de alrededor de 16.000 euros de media.

Estas demandas se están multiplicando en juzgados de lo Mercantil de toda España y todavía no hay un criterio unificado ya que no han llegado a audiencias provinciales y, mucho menos al Tribunal Supremo. La primera, de un juzgado de Valencia, condenaba a las empresas a devolver a un transportista el 5 por ciento del precio. En Baleares, algunas de las demandas planteadas han sido derivadas a juzgados de otras comunidades por parte del Supremo.

Hace un mes, el alto tribunal rechazó la pretensión de un juzgado de Valladolid de remitir a Mallorca una demanda de este tipo. El transportista, de Mallorca, acudió a esa provincia porque allí tiene su sede en España, Renault, una de las afectadas.

Competencia

El Tribunal Supremo resolvió que mantuviera la competencia la ciudad castellana. Sin embargo, además de esta ya han comenzado a presentarse demandas en los juzgados de Baleares que tendrán que ser tramitadas aquí.

Por el número de afectados y por cuantía, el ‘cártel de los camiones' amenaza con provocar una oleada de reclamaciones en los juzgados de Baleares a la espera de que se clarifiquen los criterios que adopten los tribunales.

El precedente de Volkswagen y el fraude de las emisiones

El caso más parecido al ‘cártel de los camiones' es la situación que se produjo tras el fraude en las emisiones de Volkswagen. Tras ser multada por distintos organismos internacionales, la empresa y sus concesionarios en las Islas comenzaron a recibir demandas de compradores. El pleno de los magistrados del orden Civil de la Audiencia Provincial adoptó un criterio único: el de indemnizar con 500 euros por daño moral a los propietarios de los vehículos. La empresa, en este caso, había ofrecido a los compradores reparar la modificación y se consideró que los vehículos funcionaban de forma correcta, por lo que se rechazó anular los contratos de compraventa.