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Entre los años 1946 y 1965 hubo una explosión de natalidad que hoy en día se conoce como el fenómeno baby boom. Los primeros de esta generación cumplen 73 años en 2019 y con ellos se inicia el acceso de todo un repunte demográfico a los servicios sociales para la tercera edad. Los expertos coinciden en plantear un cambio de modelo, ya que con las actuales instalaciones, Balears no está preparada.

«En Mallorca es donde debe hacerse el esfuerzo más importante, necesitaríamos unas siete residencias más para la gente mayor pero aún así no bastarían, el incremento de la demanda será demasiado alto», alerta la consellera de Afers Socias, Fina Santiago. Si bien numéricamente supondrían más plazas, Santiago comenta que el modelo de familia ha cambiado. «Hemos pasado de tener cinco hijos a uno o dos, ahora además hay poca estabilidad laboral… las necesidades también han cambiado», añade.

¿Cómo prepararse para el cambio demográfico que incrementa el porcentaje de mayores mientras acota el de jóvenes? Para la consellera la solución pasa por socializar los cuidados a la tercera edad «como se socializó la educación o la sanidad», explica. «Lo ideal es que la persona esté atendida en su casa si puede, con ayuda a domicilio o no, pero si su enfermedad necesita atención 24 horas es difícil con la red familiar actual dar garantías, así que hay que hacer centros de día, impulsar la ayuda a domicilio, además de construir nuevos servicios sociosanitarios», señala.

Y en estas anda el Govern. Si bien en la pasada legislatura se concertaron 535 plazas de residencias privadas que pasaron a la pública, en el actual mandato se pretende finalizar con la puesta a punto de equipamientos como las residencias de Marratxí y Son Martorell, en Mallorca, la primera residencia de Formentera y otra en Maó.

Paralelamente, se empezarán las obras de la residencia de Es Castell, Andratx, Ciutadella Centre Bintaufa y la fase II y III de Son Tugores y se han proyectado centros de día en Santanyí, Sóller, Muro, Calvià, Porreres y Son Rapinya y sa Indioteria, en Palma.

Más de 4.000 plazas

La titularidad de todos los sociosanitarios –excepto la Llar d'Ancians– es autonómica; sin embargo, la gestión de las residencias de Balears va a cargo de los consells insulares, menos en el caso de Eivissa, que todavía debe crear un instituto, mientras la red de atención a las personas dependientes la sufraga el Govern.

Actualmente en Balears hay 4.136 plazas residenciales tanto públicas como privadas repartidas en 3.445 en Mallorca, 339 en Menorca y 352 en Eivissa, mientras que en Formentera todavía no hay.

De este total de 4.136 plazas, 2.662 están en la red de atención a la dependencia y todas las personas que acceden a ellas entran de la misma manera, a través de una valoración y un programa de atención individual. «Cuando se produce una baja, entran, y todos pagan según un mismo baremo, es decir, en relación a la pensión que perciben», explica la consellera de Afers Socials.

Las plazas que no son de dependencia se dedican a personas que se han quedado solas o que esperan obtener un grado superior. Sin embargo, porcentualmente, todas las plazas públicas están dedicadas a dependencia. Es decir, de las 4.136, 2.274 son de residencias privadas y 1.862 son públicas. De las privadas 1.291 están en la red de atención.

Listas de espera

A día de hoy hay 1.966 balears esperando una plaza para una residencia pública, una cifra que es complicada de bajar mientras no estén terminados los sociosanitarios que, de momento, están en marcha. Por islas, la espera es de 1.471 personas en Mallorca, que tiene el principal problema de plazas, 345 en Menorca, 147 en Eivissa y tres en Formentera.

Desde que empezó la anterior legislatura se ha podido rebajar ligeramente y, para paliar la falta de espacio, se reforzaron las ayudas económicas a las familias, la teleasistencia y la ayuda domiciliaria. Aun así este último sigue siendo el principal escollo de la Administración autonómica, que se propone seguir incentivando la atención de dependencia en los hogares. Actualmente se realizan más de 400 mil horas al año ligadas a atender a personas con dependencia en su domicilio.