Tras semanas de polémica entre el Gobierno, las autonomías y la oposición, el Ejecutivo ha encontrado la vía legal para poder realizar estos pagos aún teniendo los Presupuestos prorrogados desde 2018 y estando en funciones. Estos eran los argumentos por los que un informe de la Abogacía del Estado le impidió en agosto traspasar estas entregas a cuenta, cuando los Gobiernos autonómicos empezaron a expresar sus quejas.
«Este Ministerio no ha cambiado de criterio. Desde el primer día buscábamos soluciones para antes de que terminara el año y especialmente diciembre, cuando se agudiza el problema de pago», ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra ha explicado que son dos los argumentos legales por los que ahora sí puede autorizar estos traspasos. Por un lado, la Abogacía advertía en agosto que aún se podía conformar gobierno y que tomar una decisión así por un Ejecutivo en funciones podía «interferir» la actuación futura de ese nuevo gabinete.
Ahora, sin embargo, Montero ha señalado que con elecciones en noviembre, actualizar ahora las entregas a cuenta no afectará a la actuación presupuestaria del Ejecutivo entrante, por falta de tiempo.
El segundo argumento a favor es que algunas autonomías afrontan ya dificultades de tesorería, lo que hace que «se pueda declarar la urgencia» del abono de los anticipos.
La ministra ha hecho hincapié en la importancia de desligar en la próxima reforma de la financiación autonómica estos ingresos de las Comunidades de las vicisitudes de los Presupuestos del Estado y que esta situación no vuelva a ocurrir. «Que las comunidades no vuelvan a ser víctimas de un bloqueo presupuestario o institucional», ha dicho.
Por otro lado, Montero ha explicado que no se abonan los casi 2.500 millones por el cambio en el sistema de información del IVA de 2017. Ha dicho que ya advirtió que sin Presupuestos no se podría pagar este desajuste, del que ha culpado a su predecesor, Cristóbal Montoro, y ha zanjado que sin nuevas cuentas del Estado «no se puede actualizar».
Por comunidades
Se cierra así un debate que comenzó en agosto cuando varios gobiernos autonómicos alertaron de que iban a tener problemas de caja si no recibían este dinero que sin embargo sí habían presupuestado y contaban gastar. La solución se ha retrasado hasta ahora y la oposición ha acusado al Gobierno de aproximarse a la campaña electoral.
En total, se trata de 4.682,29 millones de euros repartidos entre todas las autonomías salvo Navarra y País Vasco, además de Ceuta y Melilla. Cataluña recibirá 875,33 millones de euros; Galicia, 334,02 millones; Andalucía, 831,98; Asturias, 123,76; Cantabria, 75,80; La Rioja, 39,32 millones; Murcia, 130,20; Comunidad Valenciana, 460,43 millones; Aragón, 162,56; Castilla-La Mancha, 226, 31; Canarias, 206,74; Extremadura, 134,85; Baleares, 101,63; Comunidad de Madrid, 679,25 millones; Castilla y León, 298,12; Melilla, 0,8 millones y Ceuta, 1,10.
En total, las Comunidades Autónomas ingresarán este año 102.800 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación, un 7,1 por ciento más que el año anterior y la mayor cifra jamás registrada.
Defensa de la Abogacía del Estado
Montero ha defendido en la rueda de prensa el trabajo en este proceso de la Abogacía del Estado, que primero informó que no era posible transferir estos fondos en agosto pero ahora ha encontrado esa vía que considera legal. Ha negado cualquier discusión interna en este órgano asesor --"no me consta para nada ningún tipo discrepancia"-- y ha defendido la independencia y profesionalidad de sus técnicos.
«Cuando a algunos no les gustan (sus informes) es grave que pongan en cuestión la transparencia y prestigio de estas instituciones. Nadie puede dudar su profesionalidad o rigurosidad o hablar de que el gobierno tuerce o manosea su criterio», ha añadido.
Liquidación de 2018
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda también informó este viernes de la estimación provisional de la liquidación del sistema de financiación de 2018, que es favorable a las comunidades y que recibirán en 2020.
La liquidación refleja la diferencia entre las entregas a cuenta y el importe definitivo que les corresponde a las autonomías y que se liquida dos años después. En esta ocasión es favorable, explica Hacienda, por el mejor comportamiento de la recaudación del IVA y el IRPF. En total, recibirán 10.955,4 millones en 2020 por la liquidación del ejercicio 2018. Suponen 4.837,9 millones más que la practicada en 2019 correspondiente al ejercicio 2017.
Por comunidades, Cataluña recibirá 2.256,02 millones de euros; Galicia, 427,71 millones; Andalucía, 1.466,15; Asturias, 176,36; Cantabria, 103,03 millones; La Rioja, 56,73; Murcia, 331,69 millones; Comunidad Valenciana, 1.849,24; Aragón, 235,37; Castilla-La Mancha, 341,14; Canarias, 908,90 millones; Extremadura, 168,99; Baleares, 822,93; Madrid, 1.390,71; Castilla y León, 399,75 millones; Melilla, 9,78, y Ceuta, 10,9 millones de euros.
1 comentario
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son una pandilla de trileros ,antes no se podía y ahora que hay elecciones aflora la pasta y la culpa la tienen los anteriores... los del psoe encuentran excusas para todo...electoralismo brutal...