Además de los permisos ordinarios, Urdangarin tiene unas salidas programadas para realizar trabajos con una ONG en Pozuelo. Esa posibilidad para presos en segundo grado es raramente empleada en Palma, donde existen pocos precedentes. | Efe

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Iñaki Urdangarin cumplió una cuarta parte de su condena de cinco años y ocho meses por el 'caso Nóos' el 29 de noviembre. Es el límite que permite acceder a permisos penitenciarios ordinarios a cualquier recluso en segundo grado (el ordinario). Al día siguiente, el cuñado del Rey, pidió salir una semana por Navidad. En apenas seis días, la junta de tratamiento de la cárcel de Brieva (Ávila) ya había resuelto concederle de forma parcial esa petición: cuatro días de salida. Si hubiera estado en la cárcel de Palma, lo más probable es que aún esperara una decisión.

El problema no es tanto de criterios diferentes como de complicaciones burocráticas. Brieva es una cárcel pequeña: apenas 200 internas, todas mujeres salvo Urdangarin que es el único recluso hombre y ocupa un módulo propio, separado del resto. La cárcel de Palma multiplica por siete esas dimensiones. La anterior dirección puso en marcha un método de turnos para acceder a los permisos que aún está en vigor para descongestionar a la junta de tratamiento: cuando este órgano se reúne, una vez al mes, decide sobre las peticiones de permisos de los internos cuyo apellido comienza por determinadas letras. En cada módulo está expuesto el calendario de estos turnos.

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Así, Urdangarin hubiera tenido que esperar a que les tocara a los internos con la ‘U' para que se resolviera sobre su permiso, algo que puede llevar algunos meses. Además, en Palma hay que pedir las salidas a pares, de forma que la Junta de Tratamiento las resuelve de dos en dos.

Otro tapón en Baleares está en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Hace unas semanas se aprobó un refuerzo para este órgano que asume en torno a 7.000 asuntos cada año, la mayoría relacionados con progresiones de grado y permisos. Sobre los criterios, abogados especializados en penitenciario recuerdan que son los mismos para todas las prisiones que dependen del Ministerio, todas menos las catalanas y las vascas. La letrada Gloria Olmos admite que los presos sí se quejan de que el centro de Palma tiene fama de ‘duro' pero señala que es una situación difícil de objetivar.

Lo que sí es cierto es que, en Cataluña, los criterios para el acceso a permisos y al tercer grado son más rápidos que en el territorio del Ministerio. Hay casos de reclusos, el más notorio, el exconseller de Turisme, Miquel Nadal, que accedieron al tercer grado de forma inmediata en cárceles catalanas tras pasar años reclamándolo en Baleares o el de otros condenados por corrupción en Palma que ingresaron allí y fueron clasificados directamente en tercer grado. En otros no ha sido así: Diego Torres ha sabido esta semana que el Supremo confirmaba la decisión de la Audiencia Provincial de Palma para su clasificación directa en tercer grado. La progresión de régimen depende, en última instancia del tribunal que dictó la sentencia. Los permisos lo hacen de la Audiencia del territorio al que corresponde el centro penitenciario.