Esta es la estancia en la que deliberan los jurados en la Audiencia de Palma. | Alejandro Sepúlveda

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Henry Fonda se pone de pie y todos sudan. A medida que pasan las horas, en Doce hombres sin piedad, convence al resto del jurado de la inocencia del acusado. La película se estrenó en 1957 y hasta 1995 ningún ciudadano español estuvo en la situación de tener que decidir si una persona mató a otra. El año que viene, el jurado cumple 25 años en España, unos meses después de que un tribunal de este tipo haya sellado la prisión permanente de El Chicle –autor confeso de la muerte de Diana Quer–, en uno de los casos más sonados que han seguido este procedimiento. Todavía es normal que, en los alegatos iniciales, el fiscal o un abogado expliquen que «esto no es como en las películas». Sin embargo, los jurados se han asentado y, a juicio de quienes han hecho muchos, funcionan.

El teniente fiscal de Baleares, Ladislao Roig, hizo uno de los primeros jurados celebrados en España. Se decidió inaugurar el procedimiento con tres juicios a la vez, uno en Palma, otro en Valencia y otro en Palencia. Roig recuerda que el de aquí fue el único que acabó en absolución: un caso extraño por un intento de pagar a un guardia civil para que hiciera la vista gorda con un delito. «Siempre he sido un defensor del jurado, me parece positivo. En general, los veredictos son muy razonables. Claro que ha habido alguno que no he terminado de entender, pero también hay sentencias de tribunales profesionales que no acabo de entender y en un porcentaje que más o menos es el mismo».

Carlos Portalo es uno de los abogados que más jurados ha hecho en Mallorca. El también profesor de la UIB coincide con Roig, «quien ha demostrado más madurez es la sociedad». «Por mi experiencia a la gente le gusta implicarse en la administración de Justicia. Las motivaciones que yo me he encontrado son de una gran calidad. No tienen que envidiar a las de tribunales profesionales».

Portalo y el abogado Jaime Campaner sostenían posiciones enfrentadas en un juicio que produjo una imagen legendaria en los jurados celebrados en Baleares. El presidente de aquel tribunal, Juan Catany, comenzó a manipular la carabina con la que Rudolf Messerer había matado a su mujer en Cala Murada y dejó claro que la tesis de la defensa era inconsistente. El asunto llegó al Supremo, que validó la condena por los pelos. Portalo lo considera un caso excepcional y sostiene que el comportamiento de los jueces que presiden los jurados es siempre imparcial.

El presidente de la Audiencia, Diego Gómez-Reino, señala: «Me gusta porque creo que dignifica mi trabajo. En el derecho no están todas las piezas y hay que calibrar matices y los ciudadanos que intervienen coinciden en que es difícil tomar una decisión. Mi experiencia es que el jurado funciona pero los profesionales no están muchas veces adiestrados». Sobre el papel del presidente, admite que es necesario que el magistrado encargado de un jurado cambie el chip: «No se trata de que decidan lo que tú hubieras decidido, sino darles las herramientas para que ellos puedan decidir. Una vez que el juez comprende que ese es su papel, se quita un peso de encima porque no es quien tiene que decidir». Admite que no comparte lo que decidieron algunos jurados que ha presidido. Campaner también considera que el modelo funciona bien. Uno de los aspectos que defiende es que lo que vale realmente es lo que ocurre en el juicio oral.

Opinión pública

Otra cosa es la influencia que pueda tener la opinión pública sobre el jurado. Durante toda la duración de la vista los miembros del jurado entran y salen y no quedan incomunicados hasta que se produce la deliberación tras el juicio. «Eso debería cambiar, el contacto con los medios puede influenciar de forma irremediable», constata. En concreto, alude al riesgo de que el jurado que queda con una versión más simple de una prueba compleja que se haya practicado en el juicio. En su último libro defiende que cualquier publicación sobre un jurado debería ser posterior al juicio, no simultánea. Portalo admite ese riesgo: «Puede ser permeable, pero es algo que merece la pena».

Otro de los riesgos es cómo afecte la carga emocional de un juicio a la decisión del jurado. Si le puede condicionar cómo caiga el acusado. Portalo señala que sí ha percibido esas situaciones, «pero para lo bueno y lo malo, a favor y en contra de acusados» y sostiene que es un elemento «bueno y necesario». Campaner añade que también los jueces profesionales son personas y que pueden verse afectados por esos momentos más emocionales que se producen en los juicios.

Los juicios de jurado comienzan con la selección de los once miembros del tribunal (nueve titulares y dos suplentes). Las partes tienen la posibilidad de recusarlos sin ningún motivo. Roig, por sistema, deja fuera a dos tipos de personas, los que están muy enfadados por haber sido seleccionados por el sorteo y los que están muy contentos y tienen muchas ganas de juzgar. «No quiero justicieros», dice. Los candidatos responden a preguntas y así se decide quién conforma el tribunal. Campaner alude a los que dan respuestas pensadas para ser expulsados. De forma automática queda fuera cualquiera con conocimientos jurídicos. Gómez-Reino atribuye a esa selección un papel clave, «el perfil de los jurados es muy importante, hay que tener en cuenta posibles sesgos y la formación de cada uno».

Como tal, el juicio arranca con un alegato de las partes. El teniente fiscal señala: «Siempre les digo que espero que tengan miedo y estén nerviosos, porque yo lo estoy, porque se asume una responsabilidad importante». Hay fórmulas que se repiten mucho, como las apelaciones al «sentido común» y un fiscal de Menorca, siempre emplea la misma cita de Churchill. Roig considera que el principal fallo que suelen cometer los profesionales que afrontan un jurado es dar cosas por sentadas, «no puedes dar por hecho nada, al jurado hay que explicárselo todo». Portalo hace hincapié en los informes, «fundamentalmente pretendo poderle convencer. Ante un jurado tengo que pulir mucho los argumentos».

Otro momento clave es la entrega del objeto del veredicto. En España los jurados no contestan si el acusado es culpable o inocente, tienen que contestar una serie de preguntas sobre los hechos formuladas por el presidente y justificar las respuestas. Esas preguntas son básicas, según todos los expertos. Con ese documento, el jurado se reúne a deliberar y todo depende de él.