Después de la petición de la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, a la Secretaría de Estado de Seguridad para pedir que las fugas de menores de los centros de acogida sean consideradas de «alto riesgo y prioritarias"; el Ministerio ha respondido, en una nota de prensa, que desde marzo se califican según su naturaleza en «voluntarias, involuntarias o forzosas».
En este sentido, Interior ha confirmado que, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, dictó el 4 de marzo de 2019 una instrucción que derogó las calificaciones en las desapariciones con el objetivo de «dar el mismo tratamiento a cada tipo de desaparición y permitir procedimientos de trabajo más homogéneos».
«La información que recogen los agentes policiales a los denunciantes es ahora más completa», han precisado desde el Ministerio, a la misma vez que han asegurado que esto les permite «entender mejor la situación y circunstancias que rodean la desaparición y ser, por lo tanto, más efectivos y ágiles en la resolución del caso».
Además, han explicado que esta resolución estableció «los requisitos y los procedimientos a seguir para la activación de los Sistemas Alerta AMBER, para menores de edad» y, en consecuencia, configuró «la actual red específica» de agentes policiales que trabajan en la desaparición de personas.
Por último, Interior ha precisado que «todos estos protocolos» de actuación se canalizan a través del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), el órgano del Ministerio del Interior que coordina y gestiona el sistema de personas desaparecidas. «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan todas las denuncias que se interponen por desapariciones de personas», ha concluido.
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