«La solución para prevenir a los depredadores sociales no puede ser encerrar o aislar a sus potenciales víctimas», ha asegurado este viernes Sonia Castro, portavoz de las entidades que gestionan centros de menores bajo la tutela del Consell de Mallorca.
En el pleno extraordinario celebrado por la institución insular para tratar los casos de explotación sexual de adolescentes tuteladas, Castro ha leído una declaración pactada por las entidades sin ánimo de lucro que gestionan los 24 centros de menores concertados por la institución, que tiene a su cargo en total 30 centros con 359 residentes.
La portavoz del llamado «tercer sector social» ha defendido el buen hacer de sus profesionales y de los especialistas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). «Podemos cometer errores, el diseño de algún protocolo o servicio puede tener fallos, pero les aseguramos que trabajamos incansablemente para rectificarlos y evitarlos», ha sostenido.
Castro ha subrayado la necesidad de «buscar el equilibrio entre seguridad y protección, que no sobreprotección», y ha hecho un llamamiento para «comunicar a la opinión pública el trabajo que realizan los servicios sociales de responsabilidad pública».
Ha expresado la alarma del sector «al ver cómo ante unos hechos socialmente dramáticos» se cuestiona erróneamente «la impecable trayectoria y la gestión de profesionales» en lugar de «poner el foco y buscar responsabilidades donde verdaderamente se encuentran: en los agresores, en los depredadores».
«Es indispensable y responsable informar correcta y adecuadamente de cómo funciona este sector», ha reprochado Castro, que ha expresado la «creciente preocupación» de las entidades por el tratamiento mediático que está recibiendo el caso.
Finalmente, Castro ha apelado a los grupos políticos representados en el Consell para contribuir a que se valore el trabajo del tercer sector. «En su mano está sofocar este incendio o echarle más gasolina al fuego», ha enfatizado.
