En este caso, la Audiencia Nacional investiga una presunta trama fraudulenta por la que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos.
Tras conocerse la decisión de la Audiencia, desde IB3 han recordado que cuando se hizo pública la investigación, en 2017, se decidió detener la emisión de música nocturna que se cuestiona en la causa «y que se difundía desde años atrás».
En concreto, IB3 decidió dejar de emitir el programa 'Musical', una medida ordenada por la dirección general del ente por «prudencia y cautela».
El programa incluía montajes de imágenes con música. Se emitía entre las 3.00 y las 6.00 horas de la madrugada y fue sustituido por series clásicas y espacios de entretenimiento de producción propia.
La trama conocida como 'la Rueda de las Televisiones' se destapó con un operativo policial en 2017 para desarticular un sistema por el que varios socios de la SGAE habrían defraudado entre 2006 y 2011 unos 100 millones de euros mediante el registro fraudulento de obras musicales.
En el caso de Baleares, aquel operativo policial incluyó la toma de declaración a dos personas investigadas vinculadas a IB3, el jefe de departamento de producción y un compositor y actor mallorquín relacionado con la cadena, que no fueron detenidos.
Las televisiones investigadas son: Atresmedia, Mediaset, Canal Sur, TV Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radio Televisión de Aragón, Televisió de les Illes Balears, Radio Televisión Española, EITB, Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, Radio Televisión de Castilla y León y la Televisión de Castilla-La Mancha.
El juez imputa a las cadenas al considerar que la actividad delictiva «no podría desarrollarse sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas», que «estarían así actuando en connivencia con los hasta ahora investigados, por cuanto su intervención estaría dirigida a recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE».
Así, Moreno argumenta que las 14 cadenas señaladas «no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones, permitiéndose así la emisión de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador».
Por todo ello, Moreno concluye que existen indicios de que los entes televisivos han participado en la omisión de estos hechos, no como un mero instrumento del delito «sino auténticos sujetos de derechos y obligaciones, y por tanto deben adquirir el estatus jurídico procesal de investigado con los derechos y garantías inherentes al mismo».
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