La entidad considera prioritario «recuperar al máximo las competencias propias de Baleares» y critica el texto legislativo por buscar «la implantación de medidas neoliberales y prácticas propias de la empresa privada», ha informado en un comunicado.
En cuanto al texto del anteproyecto, pide que vuelva a redactarse porque «no garantiza la enseñanza en catalán tal como lo prevé el Decreto de mínimos», que dejaría sin vigencia cuando constituye «una medida consensuada en el proceso de normalización de la lengua».
La Junta de Personal Docente no Universitario de Mallorca advierte de que no admitirá «ningún pasa atrás ni ninguna rebaja en relación con esta cuestión». Critican además que el anteproyecto deja en manos de los directores la elección de docentes que se han incorporar a los centros por medio de una la entrevista personal y definiendo los o requisitos de las plazas, lo que consideran un «intrumento de selección subjetivo» y que «no garantiza el principio de mérito, igualdad, capacidad y publicidad».
La junta reprocha a la Conselleria que el anteproyecto no avance en la recuperación de competencias de los claustros que perdieron con la LOMCE y critica que la nueva norma establezca una carrera profesional con «incentivos de productividad que fomenten la competitividad en lugar del trabajo cooperativo entre los docentes».
Alegan además que la carrera profesional afecta las condiciones sociolaborales de los docentes y se negociará en la Mesa Sectorial de Educación, un organismo que consideran que la norma propuesta por la Conselleria «vacía de competencias» cuando es el que representa los intereses y derechos de todo el profesorado.
Reivindican que la Mesa Sectorial de Educación mantenga su capacidad de negociación de todas aquellas cuestiones que afectan a las condiciones sociolaborales del colectivo y la mejora de la enseñanza pública.
Critican además que el anteproyecto de ley de Educación no compromete ninguna partida presupuestaria para llevarse a cabo, cuando el PSOE se comprometió a alcanzar un presupuesto de educación del 5 % del PIB.
Piden medidas en pro de una escolarización equilibrada para evitar que ciertos centros concentren «de forma totalmente desproporcionada la mayoría de alumnos con necesidades o con un mayor desventaja social», dando lugar a guetos; y un aumento de las plazas en la enseñanza pública.
El articulado del Anteproyecto habla del derecho de la libre elección de centro, que la junta considera que «no debería aparecer» porque abogan por medidas tendentes a la escolarización universal con aplicación de baremos objetivos que hagan compatible el derecho a la educación con la planificación en la escolarización.
Reclaman también el desarrollo y la regularización de la etapa 0-3, íntegramente con gestión pública directa, gratuita y homogénea; la reducción de ratios y de horas lectivas a 23 horas para infantil y primaria y 18 en el resto de las enseñanzas.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.