La portavoz del Ejecutivo y consellera de Presidència, Pilar Costa, desvinculó este viernes la aprobación de este texto de la polémica suscitada en Baleares por lo que ocurre en centros de menores tutelados (a los que no afecta el decreto aprobado) y los centros de internamiento que gestiona el Ejecutivo, y que son los tres anteriores.
Costa indicó que «han sido necesarios tres años» para completar su aprobación. Desde la Conselleria d'Afers Socials que dirige Fina Santiago –responsable del decreto– se aclaró que no fue hasta noviembre del pasado año cuando el Consell Consultiu dio el visto bueno definitivo al texto y que había sido una tramitación larga ya que se había consultado con todos los sectores implicados en ese asunto, que abarcan diferentes instituciones.
Administración, policía y Justicia participan en todo el proceso que va desde la detención de un menor a su salida del centro.
El decreto establece, entre otras cuestiones, cómo tienen que funcionar los centros y qué organización tienen que tener; qué significa un centro cerrado, abierto o semiabierto; cuáles son las características qué tiene que tener; cómo hay que acoger al menor que entra en el centro; qué derechos tiene este menor y cómo se le deben notificar estos derechos; o qué documentos tienen que tener todos estos centros.
Más seguridad
«Ahora la comunidad tiene, por primera vez, un decreto que marca a los gobiernos las pautas que tendrán que seguir a la hora de gestionar los centros socioeducativos del sistema de justicia juvenil», explicaron desde el Ejecutivo. A partir de ahora, cualquier cambio que se introduzca en la normativa tendrá que ser aprobada modificando el decreto que se aprobó ayer. No es un decreto ley, por lo que no precisa pasar por el Parlament.
La portavoz del Ejecutivo dijo que la voluntad del Govern con esta nueva normativa es que los centros para menores judicializados funcionen «mejor y, sobre todo, que haya más seguridad» para los trabajadores y también para los internos.
El PP pregunta a la ministra Montero si el Govern ha sido «negligente»
El PP quiere que la ministra de Igualdad, Irene Montero, responda en la sesión de control al Gobierno del Congreso sobre el caso de presuntos abusos sexuales a menores de centros de Balears tutelados por la administración. ‘¿Considera que el Gobierno ha actuado de forma negligente en el caso de la explotación sexual de menores tuteladas en Baleares?', es la cuestión registrada por la formación ‘popular' y que la diputada balear Margalida Prohens, portavoz del PP en cuestiones de Igualdad, quiere dirigir a la ministra. Si el Ejecutivo decide que sea Montero quien responda, se estrenará con esta pregunta.
2 comentarios
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Jejejjee..A ver cuales son las novedades? me parece que son las mismas pero con otras palabras.... o no? Y para eso os pagamos? Tres años segun ellos han tardado, pues si que sois malos en copiar.......
Si este "Moulin Rouge" de Espainered, hubiera pasado con los del PP. ¿Donde estaría el PP hoy?...Lo que está claro es que con el PP. no hubiera dado a lugar, a esto las izquierdas son incapaces de QUERERLO comprender.