El citado Decreto ley amplía el derecho de tanteo y retracto a favor del Govern, de forma que podrá adquirir de forma preferente Vivienda de Protección Oficial, suelo y las viviendas implicadas en todas las operaciones entre grandes tenedores, siempre que las viviendas procedan de ejecuciones hipotecarias o dación en pago. También incorpora más facilidades para construir vivienda dotacional (alojamientos temporales para situaciones de dificultades y para determinados colectivos) porque se podrán construir en suelo destinado a equipamientos. Con este Decreto ley se establecen nuevas fórmulas para implicar la iniciativa privada en la construcción de viviendas de protección oficial. Se incluye la cesión de suelo público a personas físicas o jurídicas para la construcción de vivienda de protección oficial de alquiler con fijación de precios máximos y retorno a la Administración de las viviendas en un plazo de 50 años.
Ademas, define mecanismos para ganar agilidad administrativa. Por ejemplo, el Consell de Govern podrá aprobar la construcción de un proyecto si en dos meses no se ha contestado la petición de licencia. Contempla que los colegios profesionales colaboren con la Administración para agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas. Con este Decreto ley se obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social antes de iniciar un procedimiento de desahucio. También fija un régimen único de VPO con el objetivo de disponer de vivienda más asequible, e introduce sanciones para perseguir la publicidad y la comercialización de infraviviendas.
El Govern ha señalado que este Decreto ley responde a la necesidad generalizada de vivienda a la cual el mercado no está dando respuesta, y a la demanda creciente y los factores distorsionadores del mercado, como el alquiler turístico, han impuesto un incremento de precios, tanto de compraventa como de alquiler, que hacen muy complicado el acceso a la vivienda a las personas con más dificultades y, cada vez más, a la clase media.
Ante esta situación, una de las acciones estratégicas por las cuales ha optado el Govern es el incremento del parque público de vivienda de protección oficial. En esta línea, se plantea la adopción de medidas extraordinarias para ampliar, de manera rápida y efectiva, la oferta de VPO de alquiler social y fomentar la construcción de alojamientos dotacionales para dar respuesta transitoria a las necesidades habitacionales.
Según el Govern, el incremento del parque público de viviendas —en régimen de alquiler y precios legalmente limitados— tendrá como efecto colateral una posible mejora de precios en el mercado de vivienda libre.
15 comentarios
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No fan falta vivendes. Sobra mooolta gent que ens han duit a base de reclams de subvencions i ajudes que nossaltres pagam i que no necessitam absolutament per res. Els xupòpters professionals que se'ls enduguin a ca seva i ens deixin en pau d´una vegada. Si tengués cases per llogar miraria amb lupa qui hi pos, que la gent que té cases sap quant li costen perquè després hi entri escòria.
Y se creen inteligentes. Si los tontos volaran, no veríamos el Sol
La forma más sencilla de que haya más vivienda en el mercado de alquiler y por tanto precios más bajos por la competencia, es proteger a los propietarios arrendadores; mientras los arrendaros estén desprotegidos, no habrá oferta abundante.
No hace falta que construyan más, con lo construído hay más que suficiente porque si prohíben la llegada de cruceros y van poniendo trabas al turismo sobraran pisos de alquiler porque la gente tendrá que ir a buscar trabajo a la península.
Llegáis como diez años tarde. En fin, politicos...
Pues yo aceptaría un alquiler a precio ajustado gestionado por el ibavi, a cambio de garantía de cobro y de integridad de la vivienda.
La normativa autonómica sigue creciendo y llenando volúmenes. Sólo ganan los bufetes de abogados. ¿Cuándo tendremos, en España, pocas leyes pero buenas?
Ha de temblar el okupa, por la ley, y no el propietario, como hasta ahora.
Como dice @Bubota, es tan simple como apoyar a los propietarios ofreciendo garantías, seguridad de cobro y seguro contra daños a la propiedad, pero este gobierno no discurre, no piensa, todo lo hacen mal, y así no se soluciona nada...Si queréis más vivienda, apoyad al propietario, no vayáis contra él, PROTEGEDLO!
Me canso de repetir una y otra vez que el tema tiene fàcil solución y es que la Administración se haga cargo de gestionar un banco de alquileres, podría ser el Ibavi mismo. Tener una bolsa de viviendas con la garantía del estado tanto para propietarios como para inquilinos y así poder limitar los precios, asegurando el cobro y la integridad de la propiedad a los propietarios y garantizando precios y abusos al inquilino. Con esa gestión y garantía no hace falta construir pisos y cargarse de lastre a las arcas públicas que con una pequeña parte de ese coste podría llevarse a cabo y ademàs generar empleo y mayor cotización al ser todo dinero declarado. Así de sencillo, no hace falta hacer grandes proyectos ni gastos.