Los representantes de las asociaciones de inmigrantes se reunieron la semana pasada en Palma. | M. Cladera

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Las asociaciones de inmigrantes no están contentas. Así lo transmitieron en un coloquio celebrado la semana pasada en el Casal del Inmigrante de Palma, convocado por la Plataforma de las Asociaciones de Inmigrantes de Baleares, a la que pertenecen 25 entidades. El coloquio, que tenía como tema ‘La inmigración en Baleares, luces y sombras', reunió a varios presidentes de distintas asociaciones, entre ellos los de Senegal, Venezuela, Al Maghreb y otros. También estuvo presente la directora general de Asuntos Sociales del Govern balear, Teresa Vallespir.

Durante el coloquio se habló y se denunció, entre otras cuestiones, el colapso que viene sufriendo la oficina de extranjería en Baleares, y el difícil acceso a la cita previa para tramitar o concluir con el trámite de las autorizaciones en vigor y, por consiguiente, los problemas para reagrupar a los familiares o solicitar las autorizaciones de residencia por arraigo. En definitiva, no se puede gozar de los derechos contemplados en la legislación.

Por otra parte, también se dijo que, a raíz de la crisis económica que ha golpeó a España, las instituciones públicas de Baleares cambiaran el rumbo de sus políticas en materia de migración. En este contexto, les reprocharon que «hayan recurrido a las prácticas de austeridad dejando de lado el desarrollo de programas de integración social y cultural de las personas migradas y obviando hasta la fecha la activación de los espacios de participación, como el foro de la inmigración».

Integración

Hablaron también de la proliferación de los discursos xenófobos y de odio hacia las personas migradas, lo que supone una verdadera amenaza por su seguridad, y afecta de forma notoria su aceptación, acogida e integración en la sociedad receptora.

«Por los motivos planteados, la Plataforma de las Asociaciones de Inmigrantes de Baleares ha tomado conciencia para denunciar dicha situación, y pondrá todos los medios democráticos a su alcance para instar a las instituciones públicas a tomar las medidas adecuadas para atender las demandas de la población inmigrante en Baleares», concluyeron.