En dicho acuerdo se aprobó la equiparación retributiva de los residentes de determinadas especialidades que están en el último año de formación, quienes actualmente desempeñan funciones estrictamente asistenciales en el sistema sanitario público. A raíz de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria se previeron medidas diversas para intentar garantizar que haya suficientes profesionales sanitarios disponibles para atender todas las necesidades de la población.
Concretamente en cuanto a los residentes en el último año de formación se estableció una prórroga automática de sus contratos, sobre todo en las especialidades relacionadas con la COVID-19: geriatría, medicina intensiva y salud pública, medicina familiar y comunitaria, enfermería geriátrica, neumología, etc. Ello ha supuesto que haya resultado afectado el objeto contractual de dichos residentes, es decir, ser formados como especialistas con un programa y una tutela determinada y asumir progresivamente las funciones y las responsabilidades propias.
Pilar Costa, consellera de Presidència, que no ha precisado cuántos sanitarios resultan beneficiados por la equiparación de sueldos durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consell de Govern, ha indicado que los residentes de último año están asumiendo responsabilidades asistenciales más allá de las propias de su periodo de formación
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