Los inquilinos de viviendas alquiladas se ven obligados a negociar con los propietarios ante el difícil panorama actual. | Redacción Local

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Durante los últimos días, los foros y grupos de Facebook son un hervidero de preguntas angustiadas ahora que todo se ha parado por el confinamiento. Afectados por ERTE, autónomos con ingresos ‘0', sueldos pagados en negro que se evaporan y temporeros turísticos, varados en sus casas esperando a que empiece la temporada, apenas pueden afrontar los pagos.

Entre los propietarios alguno aprueba un retraso del pago, incluso una exención de un mes, aunque la mayoría siguen reclamando el pago mensual puntual, ya sean pequeños propietarios, grandes tenedores de viviendas o fondos buitres.

Cocinera de hotel, Laura (nombre ficticio) tendría que haber empezado a trabajar en marzo. «Somos dos en casa y una chica que tenía que venir de la Península a hacer la temporada, pero no pudo por la COVID-19. Solo una de nosotras trabaja todo el año pero es mileurista. Pagamos 700 euros y no sabemos cuánto tiempo lo vamos a poder sostener». Laura confía en llegar a un acuerdo con el propietario.

Tofol, que tampoco quiere ser identificado, está sumido en pleno ERTE. Tiene un bebé y su pareja es autónoma: «Entre sus gastos y el despacho que tiene alquilado ya paga 1.000 euros nada más empezar el mes. De piso pagamos 850 euros y ella tiene cero ingresos y muchos gastos. Ningún propietario (ni el de la casa ni el de su despacho) nos ha ofrecido ayuda. Y con eso no me refiero a ‘perdonar' la cuota, sino al menos poder aplazar el pago».

El caso de Ignacio (nombre ficticio también) responde igualmente al perfil de trabajador de hostelería que tenía que empezar la temporada en abril. «Por ese motivo me llamó la propietaria y me dijo que no me cobraba este mes hasta que me regularicen el ERTE y pueda cobrar ella. Los demás meses ya iremos viendo», dice Ignacio, que paga 450 euros más luz y cruza los dedos para que la propietaria no cambie de parecer.

Encarecimiento

Sara B., por su parte, y su pareja están en pleno ERTE y «lo que hemos cobrado de la empresa se ha ido en facturas y préstamos». Si la situación ya es complicada, la propietaria le pone trabas: «Tenemos tres niñas y no solo no quiere aplazar el alquiler sino que me sube el precio del piso. Es una jubilada que lo tiene pagado desde 1973 y no declara el alquiler. No puedo pedir ninguna ayuda. ¿Cómo pago la casa si no cobro hasta mayo y con solo el 70 por ciento de la nómina?»

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Autónomos

Los autónomos están viviendo el drama de tener que pagar dos alquileres, la vivienda y el espacio donde desarrollan su negocio. Aunque Carla ha tenido más suerte y «los dueños de mi local me permiten no pagar, pero mi casero quiere el alquiler íntegro. He pedido la ayuda de los autónomos, pero tendré que esperar a ver si me la dan».

Anne está en paro y su pareja es freelance. Viven en una propiedad de una gran tenedora de más de veinte viviendas «y cuando salieron las medidas del Gobierno pedimos acogernos a la medida de la quita del 50 por ciento del pago. Nosotros preferimos no acogernos al pago fraccionado ya que tendríamos que pagarlo más adelante. Veremos esquilmados nuestros pequeños ahorros pero a propietarios como nuestra casera no les pasa factura».

Grupos de Facebook como Plataforma a favor de los alquileres dignos de Baleares o la Plataforma Antidesahucios (PAH) están recibiendo estos días un aluvión de consultas. Tal y como dice Ángeles Pons, de la PAH, «cuando termine esto, ¿qué pasara después? Mucha gente vive del turismo pero ya está todo el año perdido. Poca gente tendrá acceso a las ayudas», que vaticina que el problema de vivienda se ha agravado en los últimos meses. Limpiadoras, cuidadores de ancianos y niños o gente que cobra rentas mínimas «no tienen acceso a las ayudas del alquiler. Dejan fuera a los más vulnerables».

Las ayudas del pago del alquiler

El Gobierno central lanzó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con medidas para los inquilinos vulnerables con motivo del coronavirus. Esta iniciativa permite solicitar la prórroga extraordinaria de seis meses de alquiler en las mismas condiciones. Si el contrato finaliza entre el 2 de abril y los dos meses siguientes al fin del estado de alarma, puede solicitar una prórroga de seis meses.

Si no se llega a un acuerdo voluntario sobre el pago del alquiler con el propietario, pueden pedir aplazamiento temporal. El inquilino tiene derecho a no ser desahuciado durante seis meses y se ha lanzado una línea de microcréditos sin gastos ni intereses por un importe máximo de seis cuotas que se podrá devolver en seis años, ampliable a diez años en casos excepcionales.