La propuesta es una de las que ha planteado el GOB en el Parlament, de cara a la tramitación como proyecto de ley del decreto de reactivación económica por la COVID-19 que aprobó el Govern y algunas de cuyas medidas consideran que suponen una involución, no responden al interés general y vulneran «los principios básicos de igualdad ante la ley».
El GOB ha tildado varias de las medidas del decreto que aprobó el Govern de «errores estratégicos» y ha asegurado que «la presión de algunos grupos económicos en un momento de recesión provocada por la epidemia, no debe hacer perder de vista el interés del archipiélago en ir modernizando y reduciendo la oferta turística que va quedando obsoleta y apostando por una diversificación efectiva de la economía».
El decreto prevé que los hoteles, discotecas, complejos deportivos y otras instalaciones que necesiten reformas, queden exentos de cumplir los parámetros urbanísticos vigentes y puedan aumentar su capacidad un 15 %, sin tener que pedir licencia previa, ha criticado la entidad, que considera que eso impide que las islas «puedan ir paliando los estragos urbanísticos de los años 60 y 70, cuando aún no había democracia ni normativas racionales».
También impide reducir la masificación y la dependencia del régimen turístico todo incluido, por lo que critican que, en pleno 2020, el Govern «apueste por consolidar estas instalaciones, que ahora moverían grandes debates, y que además les permita crecer, algo que no responde a ningún interés general y vulnera los principios básicos de igualdad ante la ley».
El GOB pide que el proyecto de ley regule los alojamientos obsoletos para que cualquier reforma deba adaptarse a cumplir con los parámetros urbanísticos vigentes o, al menos, a reducir a la mitad su volumen y el número de plazas.
«Si de cada dos plazas se hace una, hay posibilidades de apostar de manera real por una oferta turística menos dependiente de chárter internacionales y de aumentar el resultado económico final», asegura el GOB.
Piden que cualquier reforma integral deba contemplar una reducción mínima del 25 % en consumo de agua y de energía proveniente de fuentes no renovables, porque activaría la construcción a la vez que se reduciría la huella ecológica.
El GOB ha recordado que «este mismo Govern» reconoció la emergencia climática en noviembre del año pasado y ha reivindicado que sus políticas sean «coherentes en este sentido».
La propuesta entregada por el GOB en el Parlament plantea también que, en la reorientación de la recaudación del impuesto turístico hacia gastos de la covid-19, no se vean afectadas aquellas iniciativas dedicadas a la conservación ambiental o al incremento de la sostenibilidad ambiental, al considerar que este es el principal objetivo del impuesto, y porque hay inversiones de otros conceptos «que seguramente no tienen la misma urgencia».
El GOB rechaza además ubicar pisos de protección oficial, centros de día o geriátricos en medio de zonas turísticas, porque «esta política de saltarse las planificaciones existentes se traduce después en graves problemas de gestión y convivencia».
Lo mismo puede ocurrir con las instalaciones de energías renovables, que se pretende que puedan ignorar la ordenación territorial, que es competencia de los consells, en vez de coordinarla de manera efectiva para evitar polémicas territoriales que a la larga supondrán retrasar los proyectos en vez de acelerarlos.
2 comentarios
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Volar es contribuir de manera muy importante al cambio climático.
El Govern utiliza poco su posibilidad de comprar hoteles obsoletos y derribarlos. Es verdad que siempre se saca a colación el favoritismo político.