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Los más de 700 abogados del turno de oficio de Baleares atendieron en 2019 cerca de 47.000 asuntos de justicia gratuita, lo que supone una media de 3.898 asuntos cada mes o de casi 130 diarios, con un incremento del 5,7 por ciento en relación a 2018.

Estos son los datos que han sido expuestos este viernes en la rueda de prensa convocada por el Colegio de Abogados de Baleares (Icaib)con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita.

Según el decano del Icaib, Martín Aleñar, la cifras reflejan el «enorme trabajo» que día a día llevan a cabo estos profesionales y la importante función social que asume un colectivo que materializa, «ni más ni menos, que la defensa en tribunales de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad especial».

De los 46.781 expedientes abiertos en 2019, 26.815 corresponden al turno de oficio propiamente dicho, con un incremento del 2,8 por ciento con respecto a 2018; mientras que más de 18.000 son relativos al servicio de asistencia letrada al detenido, un 10,5 por ciento más que el año anterior.

Además, los letrados de servicio de asistencia a las víctimas de la violencia de género atendieron más de 1.700 asuntos.

Por otro lado, Aleñar junto a la responsable de la Comisión de Turno de Oficio del Icaib, Carmen López, han recordado que no solo las personas con recursos económicos insuficientes para litigar pueden acceder al beneficio de la justicia gratuita, también pueden hacerlo, entre otros, las víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos.

En este sentido, Aleñar y López han criticado que este esfuerzo «no se ve compensado ni de lejos por los poderes públicos». Ambos han recordado que en 2018 el Gobierno aprobó subir los baremos de pago de estos profesionales, pero aún así los letrados del TO «cobran una media de 143 euros por asunto, mientras que por una guardia de 24 horas cobran 102 euros».

Desde el Icaib han pedido también el pago de todos los asuntos que llevan a cabo los abogados del turno de oficio, con independencia de que el encausado o defendido obtenga o no el beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Se acabaría con una «situación injusta que se prolonga ya durante muchos años», han considerado.