La operación que ejecuta la policía judicial de la Guardia Civil había arrancado el mismo jueves a última hora de la tarde con la detención del presidente de APB, Juan Gual de Torrella, y el director, Juan Carlos Plaza, ambos en el aeropuerto de Palma, cuando regresaban de un viaje de trabajo. Además fueron detenidos en sus propios domicilios otros tres miembros de la cúpula, Miguel Puigserver, vicepresidente, Armando Parada y José Fernando Berenguer, directivos. Puigserver fue puesto en libertad con cargos, por la tarde, acusado de los delitos de corrupción, prevaricación, malversación y fraude a la Administración Pública, los mismos que pesan sobre los otros dirigentes.
Si hace diez años la corrupción demostrada, juzgada y condenada, se refirió a la concesión de 165 amarres a la empresa Trapsa Yates en el Andén de Llevant de la rada mahonesa, en esta ocasión en lo que se refiere al caso en Menorca se trata de otros 154 amarres distribuidos en cinco nuevos pantalanes del Andén de Ponent, cuya explotación fue otorgada a la empresa Marina Asmen en 2018, una sociedad limitada constituida apenas un año antes de concurrir al concurso, formada a su vez por otros cinco empresarios del sector náutico de Maó. APB justificó la concesión porque Asmen presentaba los precios más baratos para los amarres.
La concesión por un tiempo de dos años, que ya ha concluido, fue impugnada en su día por la empresa que quedó en segunda posición, aunque la decisión del consejo de Autoridad Portuaria, del que forman parte el alcalde de Maó, Héctor Pons, en representación del Consell, y el conseller de Territorio y Movilidad del Govern, Marc Pons, no se modificó.
Además, relacionado con el caso investigado, un abogado del Estado también integrante del consejo de administración de la APB se opuso a esta concesión a Marina Asmen y se enfrentó a Dolores Ripoll, jefa de la abogacía del Estado en las Islas y asesora jurídica de la Autoridad Portuaria, que también aparece como imputada en la operación.
El grupo de Anticorrupción también examina una serie de contratos con empresas de residuos, licencias para Duty Free y concesiones otorgadas por APB en Mallorca, Menorca e Eivissa. En esta última isla se investigan varios contratos públicos en el Club Náutico de Eivissa.
Sorpresa en la sede de Maó
A las 22.30 del jueves hasta cuatro vehículos de la Guardia Civil aparcaron frente a la sede de Autoridad Portuaria en Maó, ahora bajo la dirección de Vicente Fullana tras la jubilación de Jesús Fernández Reyes a finales de 2018, sorprendiendo a los clientes de los bares situados frente al edificio al pie del Parc Rochina. El registro concluyó a las 13.15 de este viernes, ya con la presencia de otros guardias especialistas desplazados desde la Comandancia de Palma. Los agentes se llevaron en ese momento varias cajas con archivos de documentos.
A medida que llegaban los trabajadores a primera hora de la mañana, los guardias les advertían del registro y les impedían la entrada hasta nuevo aviso telefónico.
La operación anticorrupción que dirige la fiscal Laura Pellón, con la investigación de la Guardia Civil en Palma llevaba casi un año en marcha aunque se ha acelerado esta semana ante la sospecha del Instituto Armado de que los implicados pudieran tener conocimiento de ella y destruyeran documentos. Las diligencias están declaradas bajo secreto de operaciones.
La APB manifestó este viernes en sus canales de comuncación su «garantía de total colaboración con la Justicia» y su «deseo de una pronta aclaración de los hechos».
El presidente de la sociedad asegura ser el primer sorprendido por la investigación
Marc Pons Pérez figura como presidente de la sociedad limitda Marina Asmen a quien Autoridad Portuaria concedió la explotación de los 154 amarres en cinco nuevos pantalanes del andén de ponent. El empresario náutico aseguró ayer a este diario ser el primer sorprendido por la investigación de la fiscalía anticorrupción. «Sé que la Guardia Civil ha revisado documentación en la Autoridad Portuaria, en nuestra oficina en el puerto y en la sede de la empresa, pero nada más», dijo. Negó haber sido citado por el Instituto Armado y recordó que «ganamos el concurso para la explotacion que, por cierto, ya ha concluido porque era para dos años». Pons también conocía que la empresa que quedó en segundo lugar lo había impugnado.
10 comentarios
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Mirando organigramas, tiene usted toda la razón. Pero repase los nombramientos en su momento y leerá que Gual de Torrella entró en la APB de la mano, o recomendado, o lo que quiera usted, de Armengol y en contra de la opinión de socios del govern. Una cosa es quien formaliza los nombramientos y otra a propuesta de quién son. No pasa nada por pedir explicaciones. Yo voté al PSOE, pero precisamente por eso quiero asuma responsabiliades políticas y corrija lo que ha salido mal.
Alguien se puede creer que una competencia tan delicada y ligada a la seguridad nacional, como son el litoral marítimo y los puertos, pueda estar gestionada por las comunidades autónomas? ¿ Alguien que conozca la Constituciôn española, se puede tragar la mentira de que los presidentes autonómicos son los que nombran a los jefes de las autoridades pirtuarias, cuando los nombramientos se publican en el BOE y están firmados por el Ministro de Fomento? Y por ûltimo: Si a los puertos los gestionasen las comunidades autónomas, ¿porqué no utilizan lis servicios jurídicos de dichas Comunidades, en vez de los del Estado?
La APB pertany al govern central.
No sé perque diuen que l'Autoritat Portuària és competència del Govern Balear, si ports i costes son una de les competències que l'Estat té més geloses. Si la APB fos del Govern, no tindria com assessoria jurídica a l'Advocacia de l'Estat, si no als advocats de la CAIB. I si entrau en la seva pàgina web, vos trobareu amb el logo dell Gobierno de España i del Ministerio de Fomento. No val tot, per donar gust als fatxes i deixar malament a les esquerres. I ara, segons qui hi hagi, no sortira.
@marta, efectivamente puros apellidos madrileños como el Pons&Pons y Repons.
És evident que els representants de Madrid són els que hsn denunciat als directius de l’APB i afins
Todos los consejeros de la APB, cobran por cada consejo que acuden, són consejeros por el cargo reprentativo que ostentan ya que de no ser así no lo serian, no deberian cobrar al ser un servicio público , sinó se parece mas a una multinacional de puertas giratorias
Efectivamente, el presidente de la APB es madrieño por los cuatro costados...
O sea que el alcalde y el del Consell, y el Conseller cobran ? que nos lo diga alguien. Basta de engañarnos.
No sé per què fa pudor de conspiració oligàrquica madrilenya per controlar aquest sector tan suculent