Inicio de la exhumación de una fosa de Bunyola, el pasado 31 de agosto. | Juanjo Roig

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El Govern balear gestionará, desde la Secretaría autonómica de Memòria democrática y bon Govern el archivo digital de represión franquista, con cerca de 300.000 documentos correspondientes a 2.761 causas judiciales del periodo que va de 1936 a 1939 y que fueron localizados y digitalizados durante dos años por la entidad Memòria de Mallorca.

Aunque había cierta reserva para anunciar este acuerdo, el secretario autonómico de Memòria Democrática de la Conselleria d'Administracións Públiques i Modernització, Jesús Jurado, lo confirmó ayer a este diario. Está a la espera de que el departamento de Parimoni del Govern, que depende de la Conselleria d'Hisenda, culmine un expediente que recoja la fórmula de cesión. El responsable de este área es Francesc Miralles, vicepresidente del Consell en la anterior legislatura al igual que el propio Jurado.

El origen de esta cesión arranca de 2018 cuando la entidad Memòria Democrática hizo el ofrecimiento e impuso una serie de condiciones, entre otras que se facilitara la consulta pública y que la Adminsitración aportará las «infraestructuras necesarias» y «personal especializado» para su «correcto funcionamiento».

«Es cuestión de semanas», dijo Jurado que precisó que no se está hablando de ceder material original, que se conserva en el archivo militar sino copias digitalizadas de los expedientes así como material de la época y de declaraciones del proceso así como de periódicos de la época. Las causas aluden a 4.653 personas, según los datos que recogieron dos investigadores de la entidad Memória Democrática que consiguió en 2010 una subvención del Ministerio de la Presidencia para recopilar los datos. El trabajo, desde que se inició hasta que culmino, duró cuatro años, recuerda la presidenta de la entidad, Maria Antònia Oliver, que se remitió al Govern para cualquier detalle sobre este asunto.

Dos leyes decisivas

En 2016 se aprobó en el Parlament balear la Llei de Personas desaparegudas y dos años después la Llei de Memòria Democrática que establecen mecanismos legales para la apertura pública de archivos de aquel periodo. Los primeros pasos los dio la exconsellera de Cultura Fanny Tur. En aquel momento parecía que iba a ser el Arxiu del Regne de Mallorca el encargado de gestionar el material.

La entidad que preside Oliver ha sido pionera en la recuperación de la memoria histórica. «Lo que ocurre es que nuestro trabajo es voluntarista, llegamos hasta donde podemos», señala. El actual director general de Memòria democrática del Govern, Marc Herrera, es hijo de la anterior y biznieto de un represaliado: el zapatero de Inca y militante socialista Andrés Paris Martorell, detenido en 1936 y sólo liberado para ser asesinado sin juicio.

«Nosotros no tenemos todavía un fondo propio pero el objetivo es ir recopilando toda la documentación y disponer de ese activo es un paso fundamental», indicó Jurado.

La última iniciativa de la Secretaria de Memória Democrática ha sido recopilar cartas de familiares de personas represalias y continuar con las exhumaciones de las fosas de Mallorca. La última, el pasado 31 de agosto en Bunyola, donde hay indicios de que pueden localizarse 15 víctimas de la represión franquista. Unos días antes se había excavado la fosa de Son Coletes (Manacor) y se hallaron 18 cuerpos.