En términos generales, la actividad de los órganos judiciales entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 se vio afectada profundamente por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus ya que disminuyó en su conjunto en España un 32,9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019.
Según el 'Informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales' del segundo trimestre de 2020, difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este descenso es fruto de la desescalada escalonada en la administración de justicia, de la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en juzgados y de la persistencia de la incidencia de la pandemia.
Al hilo, el CGPJ advierte de que esto hace que sea imposible extraer conclusiones de los datos en relación a otros periodos, y aconseja «tomar con cautela las variaciones interanuales». Sobre esos tres meses, destacan que entraron en los órganos 1.059.853 de asuntos, «una cifra que supone una disminución del 32,9 por ciento respecto a igual trimestre del año anterior». En el mismo trimestre, los tribunales españoles resolvieron un total de 861.445 asuntos, un 45,7 por ciento menos que un año antes.
En cuanto a los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre sumaron 3.057.356, cifra que, con un incremento interanual del 15,3 por ciento, representa la pendencia más alta registrada desde el cuarto trimestre de 2011.
En la jurisdicción Civil ingresaron 435.452 asuntos, un 26,6 por ciento menos respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 303.342 asuntos, un 49,1 por ciento menos, y quedaron en trámite 1.695.446, un 15 por ciento más que al final del segundo trimestre de 2019.
En la jurisdicción Penal tuvieron entrada 523.748 asuntos, dato que supone una disminución interanual del 35,4 por ciento; se resolvieron 474.312 asuntos (un 42,3 por ciento menos) y quedaron en trámite 806.355 asuntos (un 15,5 por ciento más que en el mismo trimestre de 2019).
De los asuntos pendientes, 262.527 corresponden a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos definanciación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física en los juzgados de primera instancia (cláusulas abusivas).
Pero la jurisdicción más afectada ha sido la de lo Contencioso-Administrativo, en la que se registraron 28.869 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 56,9 por ciento. Se resolvieron 36.148 asuntos, lo que supone un 41,4 por ciento menos que el año anterior, y quedaron en trámite 206.547 asuntos, un 6,6 por ciento más.
La jurisdicción Social ingresó 71.763 asuntos, un 34,2 menos que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 47.611 asuntos, un 55,5 por ciento menos, y quedaron en trámite 348.948 asuntos, un 22,4 por ciento más.
El estado de alarma y la suspensión de plazos procesales por la COVID-19 también ha tenido su reflejo en los datos referidos a la litigiosidad. La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 22,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, 11,3 puntos más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2019.
Por territorios, las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (31), Murcia (26,1), Andalucía (25,1), Islas Baleares y Cantabria (22,9), Madrid (22,7), Comunidad Valenciana (22,6) y Asturias (22,5). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (14,3), y País Vasco (16,2) y Extremadura (17,2).
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