Carlos Gómez Martínez. | Redacción Sucesos

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) al magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJIB Carlos Gómez Martínez.

Según ha informado el CGPJ en una nota de prensa, Gómez, único candidato que optaba a dar el relevo en el cargo a Antoni J. Terrasa, ha obtenido el apoyo de 19 de los 21 vocales que integran el pleno ya que los vocales Álvaro Cuesta y Concepción Sáez han votado en blanco.

Tras su ingreso en la Carrera Judicial en noviembre de 1982, Carlos Gómez Martínez prestó servicio en juzgados de Santa Coloma de Farners, Barcelona y Palma y, siete años después, se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Baleares. En este órgano judicial permaneció hasta 1999, año en el que cesó al ser nombrado director de la Escuela Judicial.

En el año 2002 se volvió a incorporar al servicio activo en la Audiencia Provincial balear, de la que fue elegido presidente en 2004.

En 2015 cesó en el cargo y tres años después, en 2018, fue nombrado magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJIB, puesto que desempeña actualmente.

Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares, participó en la comisión que redactó los Principios de Ética Judicial.

Es autor de numerosos artículos científicos y ha impartido cursos y seminarios tanto en España como en el extranjero, actuando en muchos de estos últimos como experto del Consejo de Europa.

Entre otros múltiples temas, ha abordado la importancia de la formación inicial de los jueces o el ejercicio de la función judicial en el primer destino.

Gómez desempeña actualmente sus funciones como magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJIB. En septiembre fue elegido miembro del Comité de Derechos Humanos (CCPR), para el periodo 2021-2024, en la 38ª reunión de los Estados parte celebrada en Nueva York.

Además, fue ponente en la sentencia del llamado 'caso Móviles' y actualmente es el instructor de una pieza que investiga la gestión de la macrocausa de corrupción de la Policía Local, en la que el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán figuran como imputados