Según revela la Sindicatura de Cuentas en una nota de prensa, este martes se ha entregado al Parlament el Informe 178/2020 sobre los acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención y los reconocimientos extrajudiciales de crédito del ejercicio 2018, que el Consejo de la Sindicatura aprobó en noviembre de 2020.
Se trata de un informe de carácter específico, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento de régimen interior de la Sindicatura, que se ha realizado junto con el Tribunal de Cuentas y el resto de órganos de control externo autonómicos.
De las conclusiones de este informe, la Sindicatura destaca que, a 31 de diciembre de 2019, todos los órganos interventores de las entidades locales habían cumplido la obligación de remitir la información del ejercicio 2018.
Además, el 46,1% presentó un certificado negativo y el 52,9% de las entidades locales no dispone de una persona que ocupe el puesto de la Intervención que tenga habilitación de carácter nacional.
Así, la Sindicatura explica que el personal de las unidades de Intervención de las entidades locales debe controlar, por término medio, más de 9,6 millones de euros de presupuesto inicial de 2018, aunque el Ayuntamiento de Palma destaca con una ratio de 121,8 millones de euros.
Del informe también se concluye que los órganos de gobierno de los ayuntamientos son los que adoptan más resoluciones con el resultado desfavorable del órgano interventor.
Además, el 52,1% de las entidades locales de Baleares con presupuesto limitativo ha aprobado expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) y se han aprobado 729 expedientes de REC por un importe total de 40,5 millones de euros.
Las recomendaciones del informe versan sobre el sistema de control interno, el entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, la supervisión y el seguimiento, así como a la tramitación de procedimientos de REC.
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